El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) incumplió la orden de cobrar una indemnización a la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC), concesionaria del puerto del mismo nombre, por no alcanzar la eficiencia pactada en la operación del muelle ubicado en Esparza, Puntarenas.
Desde el 2021, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Incop realizar un estudio para estimar los daños por incumplimientos en la eficiencia de los servicios portuarios. La instrucción surgió luego de que una auditoría de la CGR encontró que, para el 2019, había un rezago en la infraestructura de la terminal por $2,4 millones.
El pasado 23 de agosto, la Contraloría envió un oficio a la Junta Directiva del Instituto, del cual La Nación tiene copia, en el que declara a la entidad portuaria en inobservancia y anuncia la apertura de un nuevo procedimiento de fiscalización.
El Incop contrató un estudio actuarial con el cual concluyó que no tenía nada que cobrar a la empresa concesionaria. No obstante, la CGR fustigó el informe al señalar que la metodología excluyó la atención de centenares de barcos.
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Orden de la Contraloría al Incop en 2021
El informe de auditoría del 2021 identificó incumplimientos en las productividades acordadas entre el Incop y SPC en el 2006, tanto en la terminal granelera como en la multipropósito, así como millonarios rezagos en infraestructura. Esta situación incidió en la saturación del muelle, dijo la CGR.
Agregó que la autoridad portuaria no tomó acciones a pesar de que contaba con informes internos que evidenciaban que la inversión actual en mantenimiento y equipo del puerto resultaba insuficiente y que el rezago de la infraestructura portuaria se calculaba en más de $2 millones, de acuerdo con el informe DFOE-CIU-IF-00008-2021.
En el punto 4.5 de ese oficio, se otorgó un plazo de cuatro meses a la Junta Directiva del Incop para remitir una certificación sobre la evaluación de los años, así como otros cuatro meses para proceder con las acciones indemnizatorias. Por ejemplo, la Contraloría había señalado que, en la terminal multipropósito, el contrato exigía una eficiencia de 52 movimientos de contenedores por hora, pero en algunos lapsos, como entre agosto y noviembre del 2020, el rendimiento osciló entre 38 y 46 movimientos.
A lo largo de 2022, la autoridad portuaria reportó avances relacionados con el cálculo de la indemnización por incumplimientos en la terminal granelera, según la Unidad Técnica de Supervisión y Control. En ese año, el Instituto responsabilizó a la SPC por los rezagos.
Sin embargo, en octubre del 2023, la Junta Directiva acogió un nuevo informe con el que descartó los incumplimientos en la terminal granelera, sin incluir datos sobre la terminal multipropósito.
El Incop contrató por ¢10 millones a la empresa Quanto Soluciones para llevar a cabo el estudio actuarial. El periodo de estudio fue de diciembre del 2014 a diciembre del 2021.
Faltaron barcos en estudio pagado por Incop
El estudio no fue de recibo para la Contraloría, la cual señaló falta de sustento técnico y jurídico en el informe actuarial debido a la metodología utilizada. Primero, criticó que únicamente se evaluó una de las dos terminales.
Además, señaló que la investigación actuarial se llevó a cabo sin que la empresa contratada visitara el muelle multipropósito y la terminal granelera, donde debía evaluarse si las operaciones cumplían con la productividad de descarga en los tiempos establecidos en el contrato.
La CGR agregó que la metodología excluyó buques cuyas características impedían alcanzar la productividad mínima establecida en el contrato. Como consecuencia, la mayoría de las embarcaciones que arribaron durante el periodo de estudio fueron excluidas del análisis.
Por ejemplo, si un buque tenía una escotilla con cereales y otra con fertilizantes, no era tomado en cuenta. También se establecieron cargas mínimas y se filtraron barcos dependiendo de características como la densidad.
Debido a esto, concluyó el órgano contralor, de 749 buques que transportaban cereales, solo un 25% entraba en el estudio bajo la metodología escogida; el restante 75% fue excluido. En el caso de los 281 barcos que únicamente traían fertilizantes, un 61% quedó fuera del análisis.
Con base en esta metodología, el estudio concluyó que no hubo incumplimientos en los niveles de productividad pactados contractualmente para la terminal granelera.
“Ese estudio se centra más bien en un ajuste retroactivo y sin sustento técnico o jurídico de la metodología de cálculo al momento en que se suscitaron los incumplimientos, antes que en determinar el daño causado a la eficiencia de los servicios portuarios, derivado de los incumplimientos registrados por los propios encargados del control y fiscalización de los contratos de concesión en puerto Caldera”, mencionó la CGR en el oficio DFOE-CIU-0348, de agosto pasado.
El Incop indicó a La Nación que es respetuoso de la Contraloría, pero sostuvo que, a la luz de los resultados del informe, la terminal opera dentro del marco contractual. Asimismo, comunicó que solicitó una audiencia a la CGR para hablar del asunto.
Por su parte, la concesionaria SPC indicó a este medio que ha cumplido con las condiciones del contrato de la concesión y mantiene su compromiso con las medidas que fueron acordadas con el Incop.
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Un directivo del Incop cuestionó informe interno
El 25 de octubre del 2023, la Junta Directiva del Incop acogió de forma unánime las conclusiones del estudio y declaró que “no hay acciones indemnizatorias que tramitar” (acta 4416), con lo que dio por cumplida la orden de la Contraloría. En ese momento, el presidente ejecutivo era el abogado Braulio Venegas.
La Secretaría de Fiscalización del Incop también determinó que el estudio era “técnicamente razonable” y que constituía una “evidencia objetiva”.
En la sesión del 25 de octubre, Alejandro Vargas Rivas, entonces vicepresidente del Incop, cuestionó la validez del aval otorgado por la Secretaría al estudio, señalando que se había excluido al 70% de los barcos analizados.
Vargas, quien dimitió de la directiva dos semanas después de aprobarse el informe, pidió a la Secretaría de Fiscalización explicar por qué el estudio se consideraba “técnicamente razonable”, cuando lo que realmente debía indicar era “técnicamente positivo”. Durante esa misma sesión, los directivos pidieron al órgano que modificara la recomendación a “positivo” antes de enviarla a la CGR.
En la sesión previa, realizada el 24 de octubre de 2023, la empresa contratada para el estudio actuarial expuso la metodología utilizada a la directiva, así consta en el acta 4415 de ese año; en ese espacio, les informó sobre todos los buques que fueron descartados para el estudio.
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