‘Gobierno contrata a dedo empresas de amigotes y financistas de campaña’, cuestiona José María Villalta
Jefe del FA denunció que al INS lo están agarrando de ‘caja chica’ y lo están saqueando; ‘es tan descarado que es vulgar’, dice Claudia Dobles
José María Villalta, del FA, aseguró que es necesario seguir investigando los vínculos del gobierno con la empresa contratada para la venta de ambulancias a Bomberos. Esteban Rojas/Asamblea Legislativa
A las críticas se unió Claudia Dobles, diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), quien aseguró que lo denunciado “es tan descarado que es vulgar”.
Los cuestionamientos los hizo el vocero del FA desde el lunes y los enfatizó este miércoles, con base en el reportaje de La Nación que reveló la adjudicación a dedo del Cuerpo de Bomberos del Instituto Nacional de Seguros (INS) a un consorcio para la compra de 40 ambulancias, por ¢6.500 millones, con un procedimiento especial con un único oferente que dejó por fuera a empresas que sí tienen experiencia en el mercado de las ambulancias y que cobran menos.
Villalta cuestionó que se trate de una contratación con empresas de “amigotes” del gobierno y financistas de la campaña electoral, con base en lo revelado por este medio el miércoles.
Claudia Dobles, de la CAC, dijo que al parecer es un buen negocio ser financista de campaña de Laura Fernández, para tener acceso a contrataciones millonarias del gobierno. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)
“Ahora sí podemos decirlo. Cuando nos preguntaban cuáles eran los amigotes: ahí están los amigotes, beneficiándose con contratos, sin licitación, sin transparencia. Es un caso que hay que seguir investigando, porque al INS lo están agarrando de caja chica y lo están saqueando”, declaró el jefe frenteamplista.
Se trata de Cristian Rodríguez Villalobos y Hermmoth Rothe Paniagua. El primero compró bonos de la campaña del PPSO por ¢43 millones y el segundo por ¢9 millones, según fue dado a conocer por La Nación.
Ambos están ligados a la empresa brasileña SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas, que forma parte del consorcio escogido por Bomberos sin concurso público para asumir el contrato para las ambulancias, junto con la empresa brasileña Bem Star.
“Son financistas de campaña del partido oficialista. Si a esto sumamos la revelación de que no es nueva la relación, parece que venden de todo, todo lo que quieran aquí con el financista de campaña. No hay en el mercado ninguna otra empresa, marchamo, tobilleras, ambulancias. Si atamos cabos, el descaro es demasiado grande”, dijo el vocero del FA.
SGSV es parte del consorcio que le vende tobilleras electrónicas para sentenciados al Ministerio de Justicia. Además, la expresidenta del INS y de Bomberos declaró en 2024 que sufrió presiones y amenazas de parte de Rodrigo Chaves, cuando era presidente de la República, para que le contratara a SGSV el sistema de marchamo digital.
Villalta agregó que ahora se entiende el desfinanciamiento sistemático que se ha venido realizando a la Cruz Roja Costarricense (CRC), frente a la intención de hacer contrataciones a dedo desde el gobierno.
“El tema es que han ido postergando decisiones, sin transparencia, para justificar compras directas a las empresas de los amigotes”, enfatizó el diputado de la oposición y pidió seguir investigando el caso.
A los cuestionamientos se unió Claudia Dobles, quien reclamó que la contratación sea para una empresa que no tiene experiencia en venta de ambulancias y que presentó una oferta más cara que otras posibilidades.
“Curiosamente les han adjudicado de todo, pero no lo pudieron hacer con el marchamo digital, lo que le costó la cabeza a la expresidenta del INS, Mónica Araya. Es tan descarado que es vulgar”, agregó la congresista.
Dobles también dijo que “al parecer da buenos réditos ser financista de campaña de Laura Fernández” y criticó que en el Congreso los diputados de la fracción legislativa del PPSO sean “incompetentes o complacientes” para no poner la lupa sobre todos esos casos, incluyendo el crédito que dejó de pagar una empresa ligada al hoy embajador en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Boris Marchegiani, al Banco Nacional.
“Cuando uno ve lo de la empresa brasileña, uno se pregunta: ¿es ineptitud de parte del INS o tráfico de influencias?, ¿es incapacidad o concusión?“, agregó.
