El Ministerio Público solicitó un sobreseimiento definitivo en favor de la exministra de Comunicación Patricia Navarro Molina por el caso de los “audios de Presidencia”, un conjunto de grabaciones que ella hizo durante reuniones efectuadas en Casa Presidencial en las que se exponía, por ejemplo, la forma en que se habría fraguado una aparente contratación irregular de $405.000 con fondos del BCIE.
La Fiscalía concluyó que no hay elementos suficientes para atribuir la comisión de algún delito a la exjerarca de Comunicación.
El órgano acusador llegó a esa determinación el 3 de setiembre, luego de recopilar y analizar la prueba relacionada con una denuncia presentada por el expresidente y actual ministro Rodrigo Chaves por el presunto delito de captación indebida de manifestaciones verbales.
Chaves hizo la denuncia en diciembre del 2023, junto al entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, quien actualmente lidera la cartera de Cultura.
Según la fiscala adjunta, Marta Brenes Montenegro, no se puede descartar que la exministra hubiese grabado para “procurar el registro de información que podía evidenciar acciones ilícitas del gobierno”, o bien como parte de su “labor de comunicadora”. Añadió que existen “dudas razonables” de que Navarro hubiese actuado de manera dolosa.
Chaves responde con querella y acción civil
La decisión, contenida en la causa N.° 23-000759-0619-PE, fue comunicada de inmediato por la Fiscalía a los ministros Chaves y Rodríguez, para que indicaran si deseaban constituirse en querellantes.
La respuesta fue afirmativa y el 30 de setiembre Chaves presentó una querella –una acusación particular– contra Navarro, así como una acción civil resarcitoria contra el diario La Nación por haber publicado los audios en diciembre del 2023.
Ahora, tanto la solicitud de sobreseimiento como la querella deben tramitarse de manera conjunta ante el Juzgado Penal, según informó la oficina de prensa del Ministerio Público. Esa instancia deberá decidir si proceden o no, en una audiencia que aún no tiene una fecha programada.
Divulgación de audios en ‘La Nación’
El lunes 4 de diciembre del 2023, La Nación empezó a publicar una serie de artículos con base en conversaciones grabadas por Patricia Navarro entre mayo y agosto del 2022, cuando ejerció el cargo de ministra.
En esos audios, de reuniones de trabajo en Casa Presidencial, se revelan hechos relacionados con la aparente contratación irregular del productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas, mediante una “consultoría estratégica” de comunicación financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Las conversaciones se efectuaron pocos días después de que Rodrigo Chaves asumiera la Presidencia, el 8 de mayo del 2022.
Según las grabaciones, tanto Chaves como Rodríguez le hablaron a Bulgarelli del dinero y el contrato del BCIE meses antes de que el banco efectuara el concurso público, que finalmente el empresario ganó.
Por el contenido de esos audios y otras pruebas, la Fiscalía General acusó a ambos funcionarios por el supuesto delito de concusión en el Caso BCIE-Cariñitos, el cual gira en torno al contrato de $405.800 que obtuvo Bulgarelli, quien declaró judicialmente que pagó $32.000 al exasesor presidencial Federico Cruz, conocido como Choreco, por solicitud de Rodrigo Chaves porque esa era una condición para obtener el contrato supuestamente hecho a la medida.
En una de las grabaciones hechas por Patricia Navarro, se escucha al expresidente Chaves, a otros funcionarios (como el ministro Rodríguez) y al propio Bulgarelli hablar sobre cómo redactarían el contrato, así como la necesaria participación de Federico Cruz, quien era amigo del exmandatario y había trabajado en su campaña electoral.
Las 5 razones
La Fiscalía no encontró elementos para imputar a Navarro por el delito de captación indebida de manifestaciones verbales. Tampoco halló indicios para achacarle un presunto uso indebido de correspondencia. Así consta en un escrito enviado por la fiscal Brenes Montenegro al Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, el 3 de setiembre.
Brenes argumentó que, para cometer la captación indebida de manifestaciones verbales, Navarro tendría que haberlo hecho “con pleno conocimiento y voluntad de atentar contra la intimidad de quienes están siendo captados, es decir, a sabiendas y con plena intención de vulnerar este derecho fundamental”.
Sin embargo, tras analizar la prueba, concluyó que “no se puede establecer con la probabilidad requerida, en esta fase de la investigación, que la investigada lo haya realizado con ese fin”, de “forma dolosa”, y enumeró cinco razones:
1. Ella documentó hechos que podrían ir contra la ley
Dio como válido el argumento de Navarro de que hizo esas grabaciones para “documentar hechos que podían ir contra la ley o la ética” y que eso está avalado por el artículo 29, de la Ley de Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervenciones de las Comunicaciones.
Sobre este punto, la fiscal resaltó algunos temas que se mencionaron en esos audios, como la contratación de Bulgarelli con el BCIE, la participación de Choreco en ese contrato, el aparente manejo ilegal de la pauta estatal y la negativa a dar entrevistas a ciertos medios de comunicación o periodistas.
2. Sintió que estaba siendo utilizada
Otro de los alegatos es que grabó las conversaciones desde el 10 de mayo del 2022, dos días después de asumir el cargo como ministra, porque “sintió que estaba siendo utilizada”.
“(Eso) coincide con una de las manifestaciones que hiciera Jorge Rodríguez Vives en uno de los audios captados (según publicación de La Nación), en el cual le dijo a Christian Bulgarelli que la cotización debía ir con nombre de Patricia Navarro para argumentar ante el BCIE que los recursos los iban a utilizar en comunicación.
”De esto se denota que no resulta irracional la percepción que tuvo la encartada Navarro respecto a que sentía que estaba siendo utilizada, en el sentido de dar respaldo a una actuación que, eventualmente, podría ser irregular e incluso, ilícita.
“Surge la duda en cuanto a que su actuar haya sido dirigido a procurar la vulneración del derecho fundamental a la intimidad de terceros. Al contrario, su actuar podría atender más a una conducta lógica de autoprotección”, explicó la fiscal Brenes.
3. Para una comunicadora es normal grabar
Dio como válido además, otro alegato que Navarro expresó durante su declaración. Ella afirmó que, como “comunicadora de profesión es normal y fundamental ‘grabar’ las manifestaciones de las personas y reuniones (...), para tener claridad y retención de la información obtenida y así evitar la tergiversación”.
Sobre ese particular, Brenes determinó que la exministra “lejos de buscar la violación de un derecho fundamental como es la intimidad, atendió a resguardar la información que se intercambiaba en las reuniones”.
4. Nunca ocultó el celular
También resaltó el hecho de que Navarro nunca ocultó su celular mientras realizaba con él las grabaciones. “No se trató de una acción que hiciera de manera secreta, como sería lo lógico de hacer por parte de una persona que realiza una conducta delictiva y busca ocultar sus acciones para evitar ser descubierta”, argumentó la fiscal Brenes.
5. Señalamiento de informe del OIJ
Y por último, mencionó que un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concluyó que de los audios por sí solos, sin un contexto, no se pueden interpretar ni analizar su significado y, en consecuencia, “subsiste una duda razonable que impide determinar que la imputada efectuara las grabaciones con la finalidad de violentar el ámbito de intimidad de los denunciantes”.
Abogado de exministra: ‘Estamos convencidos de que no hay delito’
Federico Campos, abogado de Navarro, se mostró satisfecho con la decisión de la Fiscalía de no acusar a su defendida e insistió en que la querella que Chaves presentó irá por el mismo camino.
“El Ministerio Público coincidió con nuestra posición y no por casualidad solicitó sobreseimiento definitivo a favor de doña Patricia; es decir, decidió no acusarla (...). Estamos convencidos que no hay delito alguno y que el juez penal a cargo de la audiencia dictará la sentencia de sobreseimiento porque es lo que corresponde y rechazará la gestión del expresidente y del ministro”, declaró Campos.