Cinco expresidentes de Costa Rica coinciden en un diagnóstico contundente sobre Nicaragua: el país vive bajo una dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sus valoraciones no se limitan a una etiqueta, en su mayoría parten de experiencias directas con el régimen y sus consecuencias, convirtiéndolos en testigos de la sostenida deriva democrática en el país vecino.
Daniel Ortega afirmó el 19 de julio, que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones, al alegar que estos procesos abren la posibilidad para que la oposición, que ha sido encarcelada y perseguida por el gobierno en los últimos años, retome el poder.
Para Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010), artífice de los Acuerdos de Paz de Esquipulas —que contribuyeron al fin de los conflictos armados en Centroamérica—, detrás de tales palabras hay un significado particularmente personal. De esos procesos, liderados por el exmandatario costarricense, surgieron las condiciones para que Nicaragua celebrara en 1990 elecciones libres, en las que Violeta Chamorro derrotó a Ortega en las urnas.
“A mí sí me produce un enorme dolor que hayamos retrocedido”, afirmó. A su juicio, el modelo que impulsa Ortega apunta a un sistema de partido único, “como el que tuvo siempre Cuba”, y rompe con los valores históricos de Costa Rica. Desde esa perspectiva, insistió en que la política exterior costarricense debe mantener como eje la defensa de la democracia y que el gobierno de Laura Fernández debe calificar como dictadura al régimen Ortega-Murillo: “Hay que llamar las cosas por su nombre”.
Carlos Alvarado (2018-2022), quien gobernó en medio del endurecimiento de la represión en Nicaragua, declaró que durante su administración Costa Rica denunció la persecución contra estudiantes, periodistas y opositores políticos, así como la cancelación de elecciones libres. “La defensa de la democracia es una cuestión de principios y de libertad, no de conveniencia”, señaló.
‘Pragmatismo oportunista’ expone a Costa Rica
Luis Guillermo Solís (2014-2018), por su parte, afirmó que Nicaragua “es una dictadura y lo ha sido desde hace años”, aun antes de que se consolidaran las medidas más recientes del régimen. Desde su experiencia, subrayó que el reconocimiento diplomático no implica respaldo político ni moral, y recordó que Costa Rica ha condenado históricamente violaciones al derecho internacional en distintos foros.
En esa línea, cuestionó lo que calificó como un “pragmatismo oportunista” en la política exterior de la administración anterior, de Rodrigo Chaves, y en la actual de Laura Fernández, al considerar que se han evitado críticas de fondo al régimen de Ortega y Murillo.
Advirtió de que “la penetración del régimen dictatorial en Costa Rica” amerita mayores acciones de control de parte de las autoridades nacionales de seguridad y afirmó que el régimen de Managua mantiene una “red de espionaje contra los exiliados y refugiados nicaragüenses en nuestro país”. Como ejemplo de ello, señaló el atentado que cobró la vida de Roberto Sancam.
“Mantener una posición calculadora, débil o incluso indiferente frente a los abusos de un régimen como el de Ortega y Murillo, aumenta nuestra vulnerabilidad y abre la puerta a potenciales agresiones en momentos de indudable debilitamiento del orden mundial multilateral”, destacó.
De luchar contra una dictadura a caer en otra
Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) resumió el giro nicaragüense en una frase: “Lucharon para acabar con una dictadura, para caer en brazos de una”. Desde su perspectiva, el caso no es excepcional, sino parte de una tendencia que se viene replicando en distintos países.
“Vivimos una época en la que las democracias no sucumben por golpes militares, sucumben a través de gobiernos que rompen con la democracia liberal, Estado de derecho, y un sistema electoral libre, justo, abierto y honesto”, precisó.
Para Rafael Ángel Calderón (1990-1994), el deterioro se produjo de manera progresiva tras el retorno de Ortega al poder en 2007. Recordó que él estuvo en Nicaragua durante ese proceso electoral y entonces se percibía un amplio respaldo popular hacia su figura.
A su juicio, ese punto de partida hace aún más evidente la forma en que se produjo el deterioro institucional en los años siguientes.“Se convirtió en una dictadura que entró por la vía democrática”, afirmó.
Calderón es otro de los exmandatarios que considera que el gobierno costarricense debe referirse al régimen de Ortega y Murillo como una dictadura. Su posición, según explicó, no responde solo a la coyuntura actual, sino a una línea histórica de la política exterior del país en defensa de los derechos humanos.
“Nosotros no podemos ceder en la lucha que hemos tenido de toda una vida en defensa de los derechos humanos de los pueblos. Recordemos que cuando hablamos de derechos humanos está por encima del principio de no intervención, y esa siempre ha sido nuestra política exterior”, resaltó.