EscucharLas violaciones al derecho a la información alcanzaron una cifra récord este año, de acuerdo con un análisis del registro de estadísticas de la Sala Constitucional realizado por La Nación. En lo que va de 2024, los magistrados han declarado con lugar 459 recursos de amparo a favor de ciudadanos a quienes las instituciones se han negado a suministrar datos de interés público.
Este año, la Sala IV debió ordenar a la Presidencia entregar la información completa sobre la contratación por $405.000 que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) adjudicó a la empresa Nocaut, del empresario Christian Bulgarelli, para dar servicios de comunicación a la Casa Presidencial.
En otra resolución, la Sala Constitucional recordó a la Casa Presidencial el deber de entregar de forma oportuna la información pública requerida por los medios de comunicación. El fallo se debió a la tardía respuesta que el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dio a una solicitud sobre los registros de ingreso de Yafit Ohana Beladel, esposa del empresario Leonel Baruch, a Zapote.
La Sala Constitucional también ordenó a Héctor Chaves, director de Bomberos de Costa Rica, suministrar información sobre funcionarios despedidos sin justa causa. En una sentencia reciente contra las comisiones de la Municipalidad de Alajuela, reiteró jurisprudencia que obliga a transmitir en vivo las sesiones de órganos colegiados.
Las sentencias relacionadas con el acceso a la información registraron el segundo mayor crecimiento porcentual este año en comparación con el anterior, con un aumento del 56 %, superando los incrementos ocurridos en materias como salud y trabajo.
La cifra es muy superior a los 294 recursos avalados el año pasado. En el 2022, el número fue de 425, mientras que a principios de esta década, en el 2020, solo hubo 49 fallos.
Datos de interés público
El acceso a la información pública es un derecho fundamental que permite a todas las personas solicitar y recibir información en poder de las instituciones públicas. Este derecho es clave para garantizar la transparencia institucional y permite a los ciudadanos conocer cómo se toman las decisiones, cómo se administran los recursos y cuáles son las acciones de las entidades gubernamentales.
Las personas pueden solicitar cualquier dato, siempre que no se trate de secretos de Estado, información sensible o que ponga en riesgo la seguridad nacional.
Según la Sala IV, las sentencias sobre el derecho a la información se fundamentan en el artículo 30 de la Constitución Política, el cual establece: “Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado”.
En marzo de 2024, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó de que Costa Rica ocupa el último lugar entre los países miembros en tomar medidas que faciliten el acceso ciudadano a la información pública.
Denuncias en la Defensoría también aumentaron
De acuerdo con la Defensoría de los Habitantes, que manifestó preocupación por el problema, las cifras del análisis de La Nación coinciden con los reclamos que recibe la institución.
La Defensoría atendió 231 denuncias en 2023, mientras que hasta el 7 de octubre de 2024 ya se registran 311, principalmente por omisión de respuesta subieron de 192 el año pasado a 256 en lo que va de este.
Otros incrementos incluyen la inexistencia de información de interés público, que pasó de 3 denuncias en 2023 a 19 en 2024, y la denegatoria de acceso a información pública, que subió de 9 a 12 denuncias en el mismo período.
Además, en el ámbito del derecho al debido proceso administrativo, las quejas por “limitación de vías para gestionar información” aumentaron de 55 a 90. Entre los sectores más afectados se encuentran docentes y pensionados del Ministerio de Educación Pública (MEP), quienes reportan falta de información sobre sus pagos salariales.
En el informe “Perspectivas de la OCDE sobre integridad y anticorrupción 2024″ el país obtuvo una calificación de 31%, mientras que el promedio de los miembros de la organización es del 62%.
A diferencia de otras naciones, en Costa Rica los habitantes desconocen las agendas de los ministros, con quiénes se reúnen estos y con cuáles grupos de presión interactúan.
Además, las instituciones no abren sus datos. Recientemente, La Nación dio a conocer que 24 instituciones no publican audios ni videos de las sesiones de sus juntas directivas. Algunas ni siquiera publican transcripciones literales.
Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó una Ley Marco de Acceso a la Información Pública, la cual sancionaría a los funcionarios que incumplan su obligación de entregar información pública solicitada por la ciudadanía. Aún falta la firma presidencial para que se convierta en ley oficial.
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Diputados cuestionan ‘puesta en escena’ de Rodrigo Chaves
Los diputados Antonio Ortega, del Frente Amplio, y Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), miembros de la comisión legislativa de Derechos Humanos, subrayan la crisis que enfrenta Costa Rica en cuanto al acceso a la información pública.
Ambos legisladores debieron recurrir a la Sala Constitucional para poder obtener información que el Gobierno no les proporciona, según resaltaron.
Ortega enfatizó que el país no está cumpliendo con la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral que busca asegurar compromisos concretos de los gobiernos para promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y utilizar nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza.
El frenteamplista destacó que los datos sobre el aumento de resoluciones de la Sala IV por violaciones al derecho a la información reflejan la desconexión entre la demanda ciudadana y la respuesta oficial.
Ortega lamentó que “el acceso a la información se ha convertido en una especie de performance” bajo la administración actual. En ese sentido, criticó la falta de sinceridad en las conferencias de prensa del presidente Rodrigo Chaves, pues sostuvo que en estas se privilegian las “puestas en escena” y se ataca a los periodistas que formulan preguntas pertinentes.
Por su parte, la diputada liberacionista Monserrat Ruiz señaló que “hay un problema de fondo” en el país, refiriéndose a la ausencia de mecanismos efectivos que faciliten el acceso ágil y rápido a la información pública.
Sin embargo, Ruiz destacó un avance significativo con la reciente aprobación de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública. “Fomentar una cultura de más transparencia en la institucionalidad pública es el único camino”, aseveró la verdiblanca.
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