El respaldo disminuye cuando la confrontación trasciende el discurso y se convierte en actuaciones concretas. La querella presentada por la presidenta Laura Fernández contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional registra un 41,5% de acuerdo, mientras que la reducción del presupuesto del Poder Judicial alcanza un 42,3%.
El pasado 3 de agosto, la mandataria se presentó a la Corte Suprema de Justicia, acompañada de los integrantes de la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), para interponer una querella por presunto prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional, tras la decisión del Tribunal de prorrogar el nombramiento de los magistrados suplentes de este órgano hasta que la Asamblea Legislativa elija a sus sustitutos.
La gestión se dirigió contra los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda, Ingrid Hess y Jorge Araya García, quienes integraron la mayoría que resolvió prorrogar el nombramiento de los magistrados suplentes mientras el Congreso realiza las nuevas designaciones.
El menor respaldo dentro de este conflicto corresponde a la forma en que la administración Fernández ha manejado, en términos generales, su enfrentamiento con la Sala Constitucional: solo 36,4% de las personas encuestadas manifestó estar de acuerdo.
En contraste, la decisión de la propia Sala Constitucional de mantener temporalmente en funciones a los magistrados suplentes para atender casos urgentes obtiene un 48,3% de respaldo, un porcentaje superior al registrado para las actuaciones del gobierno relacionadas con ese conflicto.
Los resultados dibujan así una diferencia entre el respaldo a las posiciones críticas de la presidenta y el apoyo a determinadas medidas adoptadas por el Ejecutivo. La encuesta no muestra un apoyo uniforme a la confrontación: aunque las críticas al Poder Judicial alcanzan mayoría absoluta, ninguna de las acciones gubernamentales vinculadas con el conflicto con la Sala supera el 43% de acuerdo.
Decisiones económicas y sobre la CCSS tampoco alcanzan mayoría
El respaldo ciudadano también es desigual frente a otras decisiones de la administración Fernández relacionadas con la participación del Estado en la economía, los recursos naturales y la atención de servicios públicos.
La apertura del mercado eléctrico obtiene un 49,5% de acuerdo, uno de los porcentajes más altos entre las medidas evaluadas. Sin embargo, el respaldo disminuye a 36,1% cuando se plantea la posibilidad de permitir la minería a cielo abierto en Crucitas.
La venta de activos estatales para pagar la deuda pública registra un 32,1% de acuerdo, 17,4 puntos porcentuales menos que la apertura del mercado eléctrico. La diferencia refleja que el respaldo ciudadano no es uniforme frente a las distintas propuestas que implican cambios en la participación del Estado en la economía.
El menor nivel de acuerdo de toda la encuesta corresponde a la manera en que el gobierno ha abordado las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): apenas un 23,0% de las personas consultadas manifestó respaldarla.
Las consultas se plantearon a 746 personas, entre el 12 y el 14 y del 17 al 22 de agosto, mediante llamadas a teléfonos celulares. El margen de error de la medición es de ±3,6 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.
