Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos, desligó la noche de este viernes a la presidenta de la República, Laura Fernández, de la compra a dedo de 40 ambulancias por ¢6.500 millones a un consorcio brasileño que nunca había vendido este tipo de equipos en Costa Rica y que está vinculada a dos financistas de la campaña electoral de la mandataria. El jerarca aseveró que el método escogido es total responsabilidad de su institución.
Sin embargo, un documento interno de Bomberos cita explícitamente que la compra de emergencia, a la que solo se invitó al consorcio SGSV-Bem Estar, se emprendió con base en una instrucción de la presidenta Fernández.
En conferencia de prensa en San José, el director de Bomberos dijo: “Quisiera aclarar que la señora presidenta no ha brindado ninguna instrucción acerca de la cantidad o figura de contratación para la compra de las ambulancias. ¿Dónde están los documentos que demuestran eso? ¿Dónde están los correos, los WhatsApp, esas instrucciones? Eso no existe".
El informe de recomendación de la contratación 2026XE-000002-0012800001 es claro en justificar que el procedimiento de urgencia se aplicó debido a una instrucción presidencial. Se trata de un oficio que está dirigido al propio Héctor Chaves.
El documento dice que, según argumentó la Dirección Operativa del Cuerpo de Bomberos el 4 de setiembre, la necesidad impostergable de adquirir las ambulancias se sustentó “bajo la instrucción de la presidente de la República Laura Fernández Delgado y del Consejo Sectorial de Salud del Estado mediante acuerdo de acatamiento imperativo emitido en sesión ordinaria número 03-2026, del 31 de julio 2026”.
Cuando esto se le hizo ver a Héctor Chaves en la conferencia, él respondió: “Ese documento lo que hace referencia es a la instrucción de la señora presidente de impulsar la atención prehospitalaria en nuestro país. Hoy, lo que queremos dejar en claro es que, en ningún momento, la señora presidente instruyó el método de contratación, la cantidad o alguna referencia a proveedores. Esas fueron decisiones propias del cuerpo de Bomberos”.
El propio documento de Bomberos reconoce que la contratación de urgencia es un mecanismo reservado para aquellas situaciones en las que, por causas de fuerza mayor o por acción u omisión humanas, deban ser atendidas de manera inmediata a fin de evitar lesión al interés público.
La Fiscalía informó de que investiga esta contratación.
Documento fue dirigido a Héctor Chaves el 25 de setiembre
El documento “Informe de recomendación - Contratación de Urgencia 2026XE-000002-0012800001 ‘Ambulancias’” fue remitido a Héctor Chaves el 25 de setiembre, dos días antes de que la adjudicación se oficializara al consorcio entre SGSV y Bem Estar en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
En el segundo apartado, titulado “Fundamentación y verificación de requisitos para el trámite mediante Contratación de Urgencia”, se indica que Bomberos tramitó el procedimiento con base en el artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública, que establece requisitos especiales para las adquisiciones de urgencia.
El informe señala que la Dirección Operativa y la Unidad de Servicios Generales aportaron el oficio CBCR-035387-2026-DOB-00805, del 4 de setiembre. En ese documento, la Dirección Operativa justificó la necesidad pública, prioritaria e impostergable de fortalecer la atención prehospitalaria en el país.
El párrafo concluye que la gestión se realizó “bajo la instrucción de la presidente de la República Laura Fernández Delgado y del Consejo Sectorial de Salud del Estado mediante acuerdo de acatamiento imperativo emitido en sesión ordinaria número 03-2026, del 31 de julio 2026″.
A esto se suma el informe “Verificación de cumplimiento normativo-Ambulancias-Proveeduría”, fechado el 10 de setiembre.
En ese documento, la Proveeduría de Bomberos justificó la contratación de urgencia de las ambulancias mediante una cadena de instrucciones y gestiones que atribuyó a la Presidencia de la República y al Consejo del Sector Salud, a partir de un acuerdo del 31 de julio.
Según el informe, de cinco páginas, la institución analizó esas disposiciones y, como resultado, la Dirección Operativa emitió el oficio del 4 de setiembre en el que sustentó la necesidad de ampliar la atención prehospitalaria en el país, en respuesta al mandato de Fernández.
El oficio indicó que el fortalecimiento del servicio respondía a una instrucción presidencial y a un acuerdo del Consejo Sectorial de Salud.
También, calificó la medida como una respuesta obligada del Estado para resguardar el derecho a la vida y la salud. Finalmente, la Proveeduría tomó ese documento y sus conclusiones como el hecho generador de la urgencia que, según Bomberos, justificaba recurrir a la contratación excepcional.