La falta de información pública sobre los resultados judiciales de los casos de legitimación de capitales generó cuestionamientos de los diputados Antonio Trejos, del Frente Amplio (FA), y Marta Esquivel, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), quienes señalaron la necesidad de conocer los resultados de estos procesos y mejorar las herramientas para combatir el crimen organizado.
Los legisladores externaron las críticas durante una sesión de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, en la que se analizan los perfiles de 19 candidatos a una plaza vacante en la Sala III de la Corte Suprema de Justicia.
Trejos señaló que, entre 2021 y 2025, los datos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) registran más de 1.350 expedientes en el Ministerio Público relacionados con este delito. Sin embargo, afirmó que no logró encontrar información pública sobre cuántas de esas causas terminaron en condenas firmes.
El legislador añadió para el 2018, únicamente 140 personas habían sido condenadas por legitimación de capitales en Costa Rica.
“Es un gran problema”, manifestó el frenteamplista, quien cuestionó la dificultad para conocer los resultados de los procesos judiciales en esta materia.
Por su parte, Marta Esquivel anunció que consultará a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Patricia Vargas, de la Sala III, por la falta de información sobre legitimación de capitales y crimen organizado.
“Yo voy a hacerle la consulta a la presidenta de la Corte, de por qué no hay información de legitimación de capitales y crimen organizado, toda la estructuración”, expresó la diputada.
Esquivel, quien recordó su experiencia como jueza, destacó la importancia de contar con información sobre estos delitos para el trabajo de los juzgadores. También señaló los riesgos que enfrentan quienes trabajan en materia penal, especialmente ante las nuevas modalidades de criminalidad organizada.
Proyecto busca congelar bienes de grupos criminales
En el contexto de la discusión sobre las herramientas para combatir el crimen organizado, Trejos expuso el proyecto de ley 25.773, presentado por el Frente Amplio.
La iniciativa busca establecer medidas cautelares anticipadas para facultar al Ministerio Público a inmovilizar y congelar provisionalmente bienes vinculados con grupos criminales, con el propósito de garantizar la continuidad de los procesos judiciales.
El diputado pidió a las demás fracciones legislativas considerar la propuesta pese a las diferencias políticas.
“Tal vez, pese al bloqueo que nos tienen político a las fuerzas democráticas, puedan considerar que en la lucha contra el crimen organizado vale más la necesidad de combatir al criminal que desquitarse con los partidos políticos”, manifestó.