El diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Fernando Obaldía, defendió este jueves 5 de noviembre la actuación del ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, durante un encuentro con vecinos de Turrúcares, Alajuela, por el proyecto de relleno sanitario de la empresa EBI.
Sin embargo, el 4 de marzo del 2026, cuando era diputado electo, Obaldía había manifestado públicamente su respaldo a quienes se oponen a la instalación del relleno sanitario en esa comunidad.
“Compartimos la posición de NO AL BASURERO”, escribió entonces en su cuenta de Facebook, después de participar en una reunión con representantes de las asociaciones de desarrollo de San Miguel, Cebadilla y Turrúcares, así como el diputado José Miguel Villalobos, también del PPSO.
En la publicación expresó su respaldo al rechazo comunal, aunque también planteó la posibilidad de que la Municipalidad de Alajuela llegara a un acuerdo con EBI.
Ocho meses después, durante el espacio de control político de la sesión ordinaria número 91 de la Asamblea Legislativa, Obaldía defendió la intervención de Chaves en Turrúcares y aseguró que su propósito era resolver un litigio internacional que enfrenta Costa Rica por los permisos otorgados a EBI.
“¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Qué es lo que está haciendo nuestro expresidente Rodrigo Chaves? Tratar de solucionar un tema de un litigio internacional que tiene el gobierno de Costa Rica para no pagar millones de colones”, afirmó el legislador.
La Nación consultó al diputado Fernando Obaldía sobre su posición respecto al proyecto de relleno sanitario en Turrúcares, luego de sus declaraciones en el plenario de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, al cierre de esta publicación no se había recibido respuesta.
La intervención ocurrió un día después de que Chaves defendiera la apertura del relleno sanitario ante vecinos de Turrúcares y condicionara una eventual inversión comunal de casi ¢6.000 millones a que el Concejo Municipal de Alajuela retire un proceso de lesividad contra los permisos del proyecto.
Durante ese encuentro, el ministro Chaves también protagonizó enfrentamientos con representantes municipales y vecinos que rechazan el relleno sanitario.
En su discurso ante el plenario legislativo, Obaldía cuestionó a otros diputados por sus señalamientos sobre lo ocurrido en Turrúcares y atribuyó el origen del conflicto a decisiones de la Municipalidad de Alajuela.
El legislador sostuvo que la actuación del gobierno no pretendía convencer a los vecinos para que aceptaran el proyecto. También responsabilizó a funcionarios vinculados con el Partido Liberación Nacional (PLN) por los permisos municipales.
“La verdad es que Costa Rica en este momento tiene un litigio internacional por permiso de suelo que dio la Municipalidad de Alajuela. Liberacionistas que tienen años de estar ahí en la municipalidad y han dado esos permisos de una forma incorrecta, de una forma que no era la adecuada y por eso estamos en esos problemas”, afirmó.
“Entonces, ayer el señor expresidente de la República, nuestro queridísimo y apreciado Rodrigo Chaves andaba tratando de solucionar un problema con Costa Rica”, expresó.
El diputado concluyó su intervención con una defensa de las gestiones: “Estamos haciendo algo, evitando que usted, costarricense que me está escuchando, pague esa deuda o ese pago de ese litigio que, por cierto, a como está lo vamos a perder”, afirmó.
Chaves ofreció casi ¢6.000 millones a cambio del relleno
La defensa de Obaldía ocurrió después de que Rodrigo Chaves participó, la noche del miércoles 4 de noviembre, en un conversatorio organizado por Casa Presidencial con vecinos de Turrúcares.
Durante la actividad, el ministro defendió el proyecto de EBI, denominado Parque de Tecnología Ambiental (PTA), y ofreció una inversión de casi ¢6.000 millones para la comunidad.
La propuesta incluía centros de cuido para niños y adultos mayores, mejoras en las rutas nacionales 721 y 136, dos puentes, un colegio técnico profesional y espacios comunitarios y deportivos.
Sin embargo, Chaves condicionó la inversión a que el Concejo Municipal de Alajuela elimine, antes del 2 de diciembre, el proceso de lesividad que busca revertir los permisos otorgados a la empresa.
“Ya hicimos la oferta. La municipalidad va a tener que tomar la decisión de hombres y mujeres valientes. Yo vine aquí a ofrecer (...) Esta es una oferta que se vence pronto”, manifestó el ministro.
Según Chaves, EBI reclama una indemnización de $154 millones, unos ¢70.000 millones, mediante un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
El ministro también afirmó que la defensa del Estado tendría un costo de $4 millones, unos ¢2.000 millones.
Asesor de EBI financió campaña de Laura Fernández
En medio de la discusión por el proyecto, La Nación informó este jueves que Juan Carlos Obando Umaña, empresario que se presenta como asesor de EBI, fue coordinador de Transportes de la campaña electoral de la presidenta Laura Fernández y donó ¢5 millones al PPSO.
Según los reportes entregados por el partido al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Obando realizó el aporte el 6 de agosto del 2025.
El empresario también fue gerente de Berthier EBI de Costa Rica.
Consultada por La Nación, EBI afirmó que Obando no forma parte de su planilla ni ocupa un puesto en la compañía.
La compañía también aseguró que no tenía relación con los hechos ocurridos el 4 de noviembre. Al momento de la publicación de esa información, Obando no había respondido las consultas del medio.
Permisos del relleno sanitario
El proyecto de EBI se ubicaría en Bajo Pita, San Miguel de Turrúcares, Alajuela.
Según informó La Nación, en el 2011 se otorgaron cuatro usos de suelo a la empresa. En el 2016, la Municipalidad de Alajuela presentó un proceso de lesividad para revocar esos permisos con base en el plan regulador. A inicios del 2024 se presentó otro proceso.
El regidor Bernald Soto, del Partido Aquí Costa Rica Manda, explicó que el municipio ha presentado tres procesos de lesividad. En el primero se falló contra las pretensiones municipales, mientras que el segundo y el tercero se unificaron y permanecen en estudio.
EBI interpuso un arbitraje internacional contra el Estado después de que la Municipalidad de Alajuela emprendiera acciones para impedir la construcción del relleno sanitario.