La Defensoría de los Habitantes señaló a la presidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza Sánchez, por omitir las consultas a menores de edad indígenas en la creación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036.
Este miércoles, la Defensoría aseguró que un recurso de amparo resuelto a su favor le ordenó al Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia (CNNA), ente interinstitucional presidido por Garza, realizar las consultas en los 24 territorios indígenas en los próximos 12 meses.
Según la defensora, Angie Cruickshank, esta omisión del CNNA no siguió criterios razonables y fue una violación a los derechos de igualdad y no discriminación de los niños excluidos. Ese fue uno de los temas mencionados en las reuniones de Cruickshank con población indígena de La Casona de Coto Brus, Salitre y Cabagra.
“No hay política pública sin derechos humanos, ni se puede hablar de una garantía de derechos humanos sin una debida política pública, pues su relación es innegable e indisoluble, pues la política pública viene a instrumentalizar el medio a través del cual, el Estado garantiza los derechos, medio que debe tener además, un contenido presupuestario que torne realista y realizable su ejecución”, declaró Cruickshank.
La Defensoría indicó que producto de haber presentado un recurso de amparo en julio del 2024, el CNNA anunció que a partir del 25 de octubre de ese año empezarían las consultas pertinentes. Sin embargo, la Sala Constitucional indicó que no había certeza sobre la realización de esas consultas, debido a que no se aportó un cronograma ni un plan completo el cual se pudiera observar el procedimiento en todos los territorios, como lo establece el artículo 26 del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas.
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PANI: Proceso ya había empezado
La jerarca del PANI aseguró que el fallo de la Sala Constitucional “valida el esfuerzo del Estado costarricense y las instituciones representadas en el CNNA en materia de consulta”.
Garza manifestó que el proceso de consulta ya había empezado, y el recurso fue declarado con lugar porque no se aportó un cronograma completo del mismo ni un plan de acción completo que incluyera todas las etapas.
Agregó que la Defensoría pretendía declarar violatorios los acuerdos del CNNA y por lo tanto anular la Policía Nacional de Niñez y Adolescencia, pero los magistrados no acogieron este reclamo.
“Por supuesto, (la Sala Constitucional) nos establece una meta y un plazo para completar este proceso que ya empezó”, indicó Garza.