La Contraloría General de la República (CGR) respondió a la ministra de Salud, Mary Munive, luego de que esta culpara a la CGR por atrasos en compras de vehículos y equipos de cómputo.
“Si hubo atrasos fue por la falta de planificación y decisiones oportunas, que corren a cargo de la institución”, le contestó Roberto Rodríguez Araica, gerente de la División de Contratación Pública de la Contraloría.
Aseguró que, en el caso de la compra de vehículos, el Ministerio de Salud tardó cinco meses para adjudicar a una empresa, mientras que duró 11 meses para seleccionar la empresa proveedora de las computadoras.
La jerarca Munive alegó que el Ministerio de Salud tuvo que devolver más de ¢1.200 millones porque el ente contralor no los dejó ejecutarlos. Sin embargo, Roberto Rodríguez desmintió la versión de Munive.
El funcionario de la CGR argumentó: “Debemos reiterarle (a la ministra) que Costa Rica es un Estado de derecho, y cumplir la ley no es una opción, es una obligación. Los oferentes tienen derecho a cuestionar las decisiones tomadas en contratación pública, lo que lógicamente implica plazos que deben ser planificados para asegurar el éxito”.
El funcionario añadió que los concursos se iniciaron entre setiembre y noviembre del 2024, por lo tanto, había un alto riesgo de que esos recursos no pudieran ser ejecutados ese mismo año, “tal como sucedió”.
“Por eso, es falso que los atrasos sean atribuibles a la Contraloría. Además, debe quedar claro que estas decisiones son adoptadas por la División de Contratación Pública, donde no participa la contralora Marta Acosta, de manera que resulta gratuita la mención de la contralora en las declaraciones dadas hoy”, criticó Rodríguez Araica.
El primer reclamo de Munive fue un supuesto atraso de la Contraloría para resolver un recurso de un oferente sobre la compra de 36 carros para siete áreas rectoras de salud. Según la jerarca, el trámite debía resolverse en 30 días, pero la CGR tomó 63 días, lo que implicó la no ejecución de ¢636 millones.
Respecto a la contratación de computadoras, la ministra afirmó que la gestión se inició en abril del 2024, pero el procedimiento concluyó un año después, en mayo del 2025.
Por otro lado, la ministra Mary Munive aseguró que la falta de respuesta a un recurso de amparo por parte de la Contraloría atrasó la contratación de una empresa para la demolición y recolección de desechos en la zona de Miravalles 2. Esto habría ocasionado la devolución de ¢659 millones y más de 100 días de atraso.
La Nación solicitó una reacción al Ministerio de Salud sobre lo dicho por la Contraloría.