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La Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Poder Judicial corregir el pago recurrente de horas extra en algunas dependencias, así como atender la acumulación de reclamos por diferencias salariales que permanecen sin resolver desde hace más de una década.
De acuerdo con un informe de auditoría financiera sobre el presupuesto 2025, las remuneraciones concentran más del 80% del gasto anual, lo que las convierte en el principal componente de la liquidación presupuestaria de ese poder de la República.
Ante este peso, el ente fiscalizador subrayó la necesidad de contar con una base técnica y jurídica sólida que garantice la legalidad y precisión de los pagos. Según advirtió, esto resulta clave no solo para cumplir con la normativa vigente, sino también para prevenir sanciones económicas y resguardar el uso eficiente de los recursos públicos.
Tras consultas de La Nación, el Poder Judicial alegó que el pago de horas extra responde a la necesidad de garantizar la continuidad de servicios esenciales que operan fuera del horario ordinario, como la atención de denuncias, diligencias urgentes y actuaciones vinculadas a investigaciones penales.
Asimismo, atribuyó el rezago en la atención de reclamos por diferencias salariales a la complejidad de los análisis técnicos que requiere cada caso y a un aumento atípico de solicitudes, muchas de las cuales —según indicó— no cumplen con los requisitos para generar un reconocimiento económico.
Horas extra bajo cuestionamiento
Según la CGR, el Poder Judicial ha mantenido esquemas de trabajo que reconocen de forma permanente el pago de tiempo extraordinario en unidades que operan bajo modalidades de servicio continuo. Esta práctica, advierte un informe de auditoría, desnaturaliza el carácter excepcional de las horas extra, que por normativa deben ser ocasionales y transitorias.
Solo en 2025, este esquema generó un gasto de ¢261 millones en el Servicio Penal de Turno Extraordinario de San José y en la Oficina de Recepción de Denuncias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). A ello se suman al menos ¢245 millones adicionales en otras dependencias donde también se identificaron pagos recurrentes por este concepto.
La CGR atribuyó esta situación a un modelo operativo basado en roles de trabajo que dependen de la jornada extraordinaria para asegurar la continuidad del servicio. Este diseño, señaló el ente fiscalizador, responde a una planificación del recurso humano desactualizada, que no incorpora la complejidad actual de los asuntos ni las cargas reales de trabajo.
Además, el informe señaló retrasos en la adopción de soluciones estructurales, como el rediseño de jornadas laborales —planteado desde 2022 y aprobado hasta 2026—, así como la ausencia de normativa clave para regular el pago de horas extra, cuyos instrumentos se encuentran en elaboración desde 2023.
De no corregirse esta situación, la CGR advirtió que se perpetuaría un uso ineficiente de los recursos públicos, se limitaría la capacidad de atender contingencias operativas y se comprometería la razonabilidad del gasto en ejercicios presupuestarios futuros.
Asimismo, señaló riesgos legales y financieros por la erogación de fondos que no se ajustan a la naturaleza del gasto, así como posibles afectaciones a la salud del personal por la extensión recurrente de las jornadas laborales.
Reclamos salariales acumulados
El segundo hallazgo relevante se relaciona con la acumulación de gestiones administrativas por diferencias salariales. La auditoría identificó 920 solicitudes pendientes de resolución, algunas presentadas desde el 2014 y hasta febrero de 2026, concentradas principalmente en anualidades (70%) y carrera profesional (19%).
De acuerdo con la CGR, esta acumulación respondió, en gran medida, a la dependencia de controles y procesos manuales en la gestión de estos trámites.
El informe también determinó un incremento significativo en el último trimestre de 2025, cuando se registraron 420 solicitudes de estudio de anualidades.
Al respecto, mediante el oficio número 207-P-2026, del 18 de junio de 2026, el Poder Judicial indicó a la Contraloría que el incremento extraordinario en las solicitudes obedeció a la circulación de mensajes entre la población judicial que instaban a presentar gestiones ante la Dirección de Gestión Humana, incluso en casos en los que, conforme a la normativa vigente, no existía una expectativa razonable de reconocimiento económico.
Aunque la administración judicial implementó un plan de contingencia en 2026, que permitió reducir el volumen de casos pendientes a 541 gestiones —equivalente a una atención del 41,2%—, la Contraloría advirtió que aún se requiere un mecanismo permanente de control, seguimiento y trazabilidad para evitar nuevas acumulaciones.
La CGR señaló que, de mantenerse esta situación, el Poder Judicial enfrentaría contingencias financieras por el crecimiento en pagos retroactivos, así como costos adicionales por intereses moratorios, indexación salarial y eventuales costas procesales. Esto, añadió, impactaría directamente la planificación y ejecución presupuestaria de periodos futuros.
Asimismo, el órgano contralor advirtió que la falta de resolución oportuna afecta los derechos salariales del personal y genera incertidumbre sobre la exactitud de los registros financieros de la institución.
Órdenes y plazos de la Contraloría
La Contraloría giró disposiciones de acatamiento obligatorio a las autoridades del Poder Judicial, para corregir las situaciones identificadas en el informe.
Al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Orlando Aguirre, se le instruyó someter a discusión de Corte Plena las situaciones relacionadas con el pago de horas extra, con el fin de definir y oficializar acciones correctivas que aseguren que este reconocimiento se ajuste a su carácter excepcional. Para ello, deberá presentar resultados y avances entre enero y julio de 2027.
Por su parte, la directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta Meléndez, deberá diseñar e implementar, a más tardar en agosto de 2026, un mecanismo de control permanente para la atención de reclamos salariales, así como rendir informes de avance sobre su aplicación hasta febrero de 2027.
La CGR recordó que estas disposiciones son de cumplimiento obligatorio y que su incumplimiento injustificado puede generar responsabilidades, en el marco de sus competencias constitucionales de fiscalización.
