El Consejo de Gobierno abrió una investigación preliminar contra Kennly Garza Sánchez, presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. La indagación fue ordenada tras la recepción de una denuncia en contra de la jerarca.
Garza declaró a La Nación que se trata de un procedimiento de rigor y que está atenta a colaborar con cualquier información que se le requiera. Si bien se le consultó por las razones de la denuncia, no brindó detalles.
“Parte del ejercicio de nuestras funciones es la posibilidad de que se nos investigue. Como funcionarios públicos estamos a la orden desde el marco de la más amplia transparencia para que se indague la naturaleza de nuestro actuar, se llegue a la verdad real de los hechos y se determine si existe o no alguna irregularidad”, indicó la jerarca en una declaración enviada mediante la oficina de Prensa del PANI.
La investigación se abrió por decisión unánime del Consejo de Gobierno el 27 de noviembre del 2024 y se sigue bajo el expediente PR-SCG-EXP-IP-009-2024.
El acta de la sesión indica que se recibió una denuncia contra la Presidencia Ejecutiva del PANI, “por presuntas acciones irregulares en el ejercicio de sus funciones”. Las pesquisas del caso fueron asignadas a Carlos Andrés Vargas Salas, abogado de la Secretaría del Consejo de Gobierno.
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Garza es psicóloga, con más de 20 años de experiencia en administración de instituciones de carácter social.
Asumió la presidencia ejecutiva del PANI en agosto del 2023, en sustitución de Gloriana López Fuscaldo, quien renunció al puesto luego de que la institución se viera cuestionada por inacción en el caso de la violación de una niña de 12 años y la desaparición de su hija en Cartago.
Durante el último año, Garza levantó la voz contra los recortes presupuestarios que vive la institución y las dificultades para afrontar el crecimiento en el número de casos de maltrato y abandono infantil.
“A Dios rogando y con el mazo dando. Con lo que tenemos, nos estamos volviendo chiquiticos y seguiremos apagando incendios, pero no estamos atacando el problema. Solo estamos tratando de apagar algo que maduró hasta convertirse en una situación extrema, violatoria de derechos, y eso no lo podemos sostener. Es un error estratégico y, además, un error muy costoso sobre la vida de las personas menores de edad”, expresó Garza en junio.
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Ante la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, la presidenta ejecutiva aseguró en octubre que la institución necesita de ¢14.000 millones a ¢15.000 millones más para operar en el 2025.
Para el 2024, el PANI contó con un presupuesto de ¢99.551 millones, pero el plan de gastos propuesto por el Gobierno para el 2025 incluyó recursos por solo ¢93.000 millones, lo que significa una reducción de casi ¢7.000 millones.
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