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La Comisión Organizadora del Traspaso de Poderes contradice la versión dada por Freddy González, secretario general del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y coordinador de Logística de la actividad, sobre poseer información de simpatizantes del Frente Amplio que asistieron a la ceremonia del pasado 8 de mayo.
González afirmó a La Nación, el 18 de agosto, que la información sobre esas personas “quedó en la base de datos cuando la gente entraba y se registraba para obtener la entrada”.
Sin embargo, la Comisión aseguró en un oficio enviado a la presidenta Laura Fernández que los datos recopilados para gestionar las entradas “no fueron distribuidos, compartidos, cedidos ni trasladados a ninguna institución pública ni entidad privada”.
Informe de la Comisión
La aclaración surge luego de que Fernández solicitara a Marcos Vargas, presidente de la Comisión, un informe sobre cómo se manejó la información de los asistentes de su traspaso de poderes, tras las declaraciones de Freddy González.
En su respuesta, la Comisión indicó que para gestionar las entradas se recopilaron únicamente el nombre completo, número de identificación, teléfono y correo electrónico de cada persona.
Según el documento, esos datos se utilizaron exclusivamente para el proceso de ingreso y la entrega del código QR, y no fueron distribuidos, compartidos, cedidos ni trasladados a instituciones públicas o entidades privadas.
No obstante, el informe no aclara cómo González obtuvo la información que aseguró que tenía el PPSO y si, debido a sus funciones dentro de la organización del traspaso, tuvo acceso a los datos recopilados de los asistentes.
Freddy González aseguró tener datos
El secretario general de Pueblo Soberano afirmó, durante el programa Tertulia de Noche, que su agrupación política tenía información sobre personas que supuestamente participaron en una estrategia del Frente Amplio y otros sectores de izquierda para obtener entradas para la toma de posesión de Fernández.
“Quiero hoy darles la noticia de que todo eso estaba previsto y hoy tenemos la información de quiénes son, dónde están, cuáles son sus gustos y preferencias y hasta qué hacen”, declaró en esa ocasión.
Segundos después, añadió: “El área que le asignamos fue el área de sol. Ya sabemos quiénes son y dónde están. Así que estamos ante un partido que sabe lo que está haciendo”.
Para asistir a la ceremonia en el Estadio Nacional, las personas interesadas podían solicitar gratuitamente una entrada mediante la plataforma Kuikpei.
Tras esas manifestaciones, la diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, remitió el 17 de agosto una gestión a Fernández para conocer qué información se recopiló sobre los asistentes, quién tuvo acceso a ella, cómo se almacenó y qué tratamiento recibió.
Posteriormente, en una llamada con un periodista de La Nación, González primero admitió que existía una base de datos de los asistentes, pero cuando se le cuestionó sobre el uso de esta para otros fines, negó que el PPSO hubiese accedido a ella.
De seguido, se le consultó si, como organizador, él o el partido accedieron a la base de datos para entregar entradas o por tener algún tipo de relación con la empresa Kuikpei, que distribuyó los tiquetes.
“No, no, no, no hemos accesado (sic) nada, ninguna base de datos, eso está ahí, es información general”, reiteró entonces.
Al solicitársele la información sobre las personas identificadas por el partido, respondió: “Eso tiene que ser con la organización. Jamás podemos dar los datos de la base de datos a nadie”.
Fernández calificó de “muy grave” posible acceso a datos
Laura Fernández calificó el 21 de agosto como “muy grave” la posibilidad de que el Partido Pueblo Soberano tuviera información de simpatizantes del Frente Amplio.
Fernández sostuvo que desconocía cómo el dirigente político pudo obtener esa información y afirmó que los formularios para asistir al acto no solicitaban datos sensibles.
La presidenta recalcó que no tiene relación partidaria ni jerárquica con González, pues el secretario general no es funcionario público ni depende de ella. Además, recordó que, por su cargo como presidenta de la República, tiene prohibición de participación político-partidaria.
