Colegio de Psicología se pronuncia contra requisitos para incluir pastilla del día después en protocolo de atención sobre violación
Varias comisiones del Colegio de Profesionales en Psicología expresaron su preocupación por las modificaciones aprobadas en la Comisión de la Mujeres del Congreso al proyecto sobre el protocolo de las 72 horas para atención a víctimas de delitos sexuales
El Colegio de Profesionales en Psicología pide a las diputaciones privilegiar los criterios técnicos y científicos especializados en la discusión del proyecto de ley del protocolo de las 72 horas. UNA
El Colegio de Profesionales en Psicología se pronunció en contra de la propuesta de varias diputaciones de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa para imponer la realización de una prueba de embarazo como requisito para acceder a la anticoncepción de emergencia, dentro del protocolo de las 72 horas de respuesta rápida para la atención integral de víctimas de delitos sexuales.
El pronunciamiento de ese órgano se dio a raíz de la decisión que tomó una amplia mayoría de esa comisión legislativa, integrada por diputadas del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y Liberación Nacional (PLN), el pasado 21 de octubre, cuando aprobaron una moción que eliminó el acceso a la anticoncepción de emergencia, conocida como pastilla del día después, dentro del protocolo de atención rápida.
Un día después de eliminar esa opción, las seis diputadas se comprometieron a reincorporar la medida, pero bajo el argumento de que impondrán una condición obligatoria: la realización previa de una prueba de embarazo.
“Si bien reconocemos la importancia de reconsiderar su exclusión, advertimos que establecer requisitos que no respondan a una justificación clínica podría generar nuevas barreras en una ruta de atención que debe caracterizarse por la oportunidad, la sensibilidad y el respeto a la dignidad humana”, dice el pronunciamiento de los psicólogos profesionales.
Un día después de eliminar la anticoncepción de emergencia del protocolo de 72 horas para la atención expedita de las víctimas de violación, las diputadas del PPSO y del PLN se comprometieron a revisar su decisión. (Aarón Sequeira/La Nación)
El pronunciamiento fue construido desde las comisiones de Género y Sexualidad, de Derechos Humanos y de Psicología Perinatal del Colegio de Profesionales en Psicología.
El argumento principal es que “la atención de las víctimas de violación sexual debe contribuir a su recuperación y no convertirse en una nueva fuente de sufrimiento”, por lo que alertaron de que la respuesta institucional debe ser oportuna, integral y respetuosa para favorecer la seguridad, la autonomía y los procesos de recuperación de las personas sobrevivientes.
En criterio de los profesionales en psicología agremiados en dicho colegio, hay un riesgo de revictimización al incluir esa prueba obligatoria de embarazo como parte del protocolo, por considerarla un obstáculo innecesario que retrasa la atención o limita la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas sobre su propia salud.
Para el Colegio de Psicólogos, es indispensable que el proyecto 23.633, para legalizar el protocolo de las 72 horas de respuesta rápida para la atención integral de víctimas de delitos sexuales, debe sustentarse en evidencia científica y criterios técnicos especializados.
“Es fundamental evitar interpretaciones que confundan la anticoncepción de emergencia con la interrupción del embarazo y que puedan traducirse en restricciones injustificadas para las víctimas”, explicó el CPPCR.
Ante dicha situación, el Colegio de Profesionales en Psicología hizo un llamado a la Asamblea para que garantice la inclusión expresa de la anticoncepción de emergencia entre los servicios mínimos establecidos en ese expediente legislativo y se asegure que la atención a víctimas de violación sexual se desarrolle bajo principios de oportunidad, confidencialidad, consentimiento informado, autonomía y prevención de la victimización.
También solicitaron que esa legislación que se está tramitando en el Congreso incorpore criterios técnicos de profesionales en salud sexual y reproductiva, psicología, trauma, violencia y derechos humanos en la revisión de la legislación, así como fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar el acceso oportuno a la atención psicológica.
