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El fiscal general, Carlo Díaz, enfrenta otra causa disciplinaria, esta vez por sus declaraciones del 10 de octubre pasado ante la Comisión de Gasto Público de la Asamblea Legislativa, donde denunció pagos para desprestigiarlo y el uso de vehículos asignados al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) para vigilarlo.
Esta causa se abrió dentro del expediente 24-003777-0031-DI en Inspección Judicial, órgano encargado de tramitar procesos contra funcionarios del Poder Judicial, tras una denuncia de la diputada oficialista, Pilar Cisneros, presentada junto a sus compañeros de fracción, Daniel Vargas, Waldo Agüero, Alexander Barrantes, Paola Nájera, Manuel Morales y Ada Acuña.
En una carta del 23 de octubre, estos diputados solicitaron al presidente de la Corte, Orlando Aguirre, “de forma respetuosa pero vehemente, que investigue y siente las responsabilidades sancionatorias que correspondan al fiscal general”. En la denuncia, afirman que las actuaciones de Díaz en la Comisión “fueron a nuestro juicio absolutamente violatorias de sus deberes, impropias de un jerarca de este nivel y no pueden ser pasadas por alto por usted como cabeza del Poder Judicial”.
Calificaron como “imperdonables” las declaraciones del fiscal general, pues violentaron el Código Procesal Penal por divulgar detalles de investigaciones, adelantar criterio y emitir juicios contra el Gobierno de la República que les hacen dudar de su imparcialidad.
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Aquel día en el Congreso, Díaz compareció para dar detalles de su viaje a un seminario de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en Atenas, Grecia, junto con su pareja, una fiscal auxiliar a la que él le pagó el tiquete aéreo y que viajó con un permiso sin goce de salario.
Al ser consultado sobre discursos que atacan al Ministerio Público, Díaz aseguró haber recibido información confidencial de que se pagaron seis bitcóins, equivalentes en aquel momento a $350.000 (¢182 millones) para desprestigiarlo a él por las investigaciones sobre presunta corrupción en el gobierno y para emprender una campaña contra la Sala IV por declarar inconstitucional la “ley jaguar”. Afirmó haber enviado esa información al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Agregó que el Ministerio Público investigaba el supuesto uso de vehículos decomisados al narcotráfico para vigilarlo a él, a diputados, magistrados y “a todo el que se oponga”. Esos automóviles estarían en poder del ICD, ente adscrito al Ministerio de la Presidencia.
Según Díaz, luego de los allanamientos por presunta corrupción en contrataciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), un hombre en actitud sospechosa estacionó cerca de su casa.
Por su parte, Cisneros declaró a La Nación que el fiscal “no tiene ninguna prueba” para fundamentar esas afirmaciones, y añadió que “la ley le prohíbe a él expresamente referirse a ningún caso en investigación, y simple y sencillamente llegó y tiró eso en la Comisión”.
Este miércoles, el Poder Judicial detalló que Díaz es objeto de otra causa disciplinaria, en la que se agruparon investigaciones por su viaje a Grecia y por una presunta irregularidad en el nombramiento de su pareja, Arelys Gamboa, como fiscal auxiliar.
Una tercera causa, por el presunto nombramiento irregular de una funcionaria en la Unidad de Capacitación, fue desestimada por el Tribunal de Inspección Judicial, decisión acogida este lunes por la Corte Plena.
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