La audiencia del presidente de la República, Rodrigo Chaves, en la comisión especial que analiza la acusación penal en su contra y deberá decidir sobre el levantamiento de su inmunidad, será pública.
Así lo explicó la presidenta de ese órgano parlamentario especial, la liberacionista Andrea Álvarez Marín, quien enfatizó que la resolución del presidente legislativo, Rodrigo Arias, establece que todas las audiencias, incluyendo las comparecencias, deben cumplir con el principio de publicidad.
“Yo me oriento por que, en la medida de lo posible, las audiencias sean públicas, porque esto es en la Asamblea Legislativa, en aras de la transparencia y de que la ciudadanía tiene derecho a conocer lo que se discute aquí”, dijo Álvarez.
Sin embargo, explicó que la comisión y ella en particular deben ser respetuosas de los aspectos de confidencialidad del expediente judicial, que está protegido por el artículo 295 del Código Penal.
De hecho, en asuntos de tipo penal, solo las partes tienen acceso al expediente, es decir, tanto la parte acusadora que representa la Fiscalía General de la República y la acusada, que en este caso son Rodrigo Chaves y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.
La Asamblea debe tramitar la solicitud de la Corte Suprema de Justicia de levantarles la inmunidad a ambos jerarcas del Poder Ejecutivo, al estudiar la acusación penal presentada por el fiscal general, Carlo Díaz, y determinar si hay lugar a formación de causa contra ellos.
Tal como lo establece la Constitución Política, es una atribución de los diputados estudiar las acusaciones penales contra los miembros de los supremos poderes para determinar si se les debe retirar el fuero de improcedibilidad para que afronten un proceso judicial.
Para cumplir con esa obligación constitucional, la Asamblea eligió una comisión integrada por tres congresistas, que preside Andrea Álvarez, con Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), como secretaria, y el diputado oficialista Daniel Vargas Quirós.
Ese órgano especial tiene un plazo de 20 días hábiles para emitir un informe al plenario, donde explique si recomienda levantar la inmunidad de los dos jerarcas o no, decisión que finalmente se toma en el plenario del Congreso.
La resolución de Rodrigo Arias le da la oportunidad a la comisión de solicitar una prórroga de un plazo idéntico, por una sola vez.
“Mi norte es que las sesiones de las comisiones sean públicas y, si hay algunos aspectos que el señor fiscal, o alguna de las partes acusadas solicitan que sean privadas, entonces sí declararíamos partes específicas como privadas”, comentó la presidenta de la comisión.
Este lunes, en la primera sesión de ese órgano, se aprobaron tres mociones de audiencias, precisamente la de Carlo Díaz, la de Rodrigo Chaves y la de Jorge Rodríguez.
A principios de abril, Carlo Díaz presentó una acusación penal contra Chaves y Rodríguez, con su correspondiente solicitud de levantamiento de la inmunidad, por el presunto delito de concusión.
Al mandatario se le acusa de supuestamente pedir al empresario Christian Bulgarelli entregarle un dinero al asesor presidencial Federico “Choreco” Cruz, a cambio de que se le adjudicara un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para dar servicios de comunicación a la Casa Presidencial.
Presuntamente, Chaves le habría pedido a Bulgarelli transferirle a Choreco $32.000 de ese contrato, que era en total por $405.800, con el fin de que el asesor diera el enganche para comprar una casa en el condominio Barlovento, en el distrito de Concepción de La Unión.
Para este viernes por la mañana ya está programada la primera audiencia, con el fiscal general de la República, Carlo Díaz, para las 8 a. m.
