Christian Ulate Durán, aspirante a integrar la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, propuso fortalecer la figura del colaborador eficaz —equivalente en Costa Rica al testigo de la corona— para mejorar las investigaciones contra las estructuras del crimen organizado y alcanzar a quienes ocupan sus posiciones de mayor jerarquía.
El abogado planteó aprovechar la experiencia que adquirió en Guatemala como coordinador de investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), donde participó en el caso contra el expresidente Alfonso Portillo Cabrera, cuya extradición a Estados Unidos se concretó en mayo de 2012.
Ulate sostuvo que Costa Rica ya cuenta con una figura similar, pero su regulación es limitada y deja vacíos que deberían corregirse.
“Nosotros la tenemos, dentro del Código Procesal Penal, el criterio de oportunidad para el testigo de la corona, pero es una regulación muy escasa y deja muchas lagunas”, manifestó durante su audiencia ante la Comisión de Nombramientos del Congreso.
Según explicó, este mecanismo resulta especialmente útil para investigar a quienes dirigen organizaciones criminales. Mientras es relativamente sencillo identificar a las personas que ejecutan directamente los delitos, obtener pruebas contra quienes están en los niveles superiores requiere otras herramientas de investigación.
Extradición de Alfonso Portillo
La experiencia de Ulate en Guatemala ocupó buena parte de la audiencia. El abogado trabajó en la CICIG, una comisión creada mediante un acuerdo entre el Gobierno guatemalteco y las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de apoyar y fortalecer a las instituciones estatales en la investigación y persecución penal de grupos ilegales.
En esa comisión, Ulate coordinó las investigaciones contra el expresidente Alfonso Portillo, desde octubre de 2008 hasta su extradición a Estados Unidos, el 24 de mayo de 2012. El proceso se desarrolló conjuntamente con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Ulate destacó que utilizaron un colaborador eficaz que se encontraba en Estados Unidos. Según relató, la información que aportó permitió coordinar con las autoridades de ese país para que, una vez finalizado el proceso en Guatemala, el expresidente fuera extraditado y enfrentara las causas relacionadas con dinero recibido de Taiwán que había pasado por el sistema financiero estadounidense.
La aplicación del mecanismo, agregó, debe someterse a la valoración de un juez. Para ello, la Fiscalía tendría que presentar el convenio, explicar qué información se obtuvo y demostrar su calidad, de manera que el juez pueda revisar y homologar el acuerdo.
Ulate: ‘Vengo con una desventaja’
Ulate también defendió que la Sala III, encargada de resolver los asuntos de casación penal, puede enriquecerse con profesionales que aporten experiencias distintas a las de quienes han desarrollado toda su carrera dentro del Poder Judicial.
“Yo hablo de que vengo con una desventaja, porque históricamente en el tema de magistraturas, la composición siempre ha sido tradicionalmente judicial, personas que vienen del mismo Poder Judicial”, expresó.
En particular, señaló que la Sala III no ha contado con integrantes externos a la judicatura, por lo que consideró que su experiencia en investigación penal y cooperación internacional podría aportar una perspectiva diferente.
Cuestiona que Sala III no participe en extradiciones
Otro de los temas que abordó fue la necesidad de revisar el procedimiento de extradición en Costa Rica. Ulate cuestionó que la Sala III, como máximo órgano de casación en materia penal, no tenga participación en ese tipo de procesos.
“Debe haber una reforma al tema de extradición, porque le dejamos la responsabilidad a un juez, y después la responsabilidad pasa a un tribunal de apelaciones, ¿y la Sala III?”, manifestó.
A su criterio, el máximo tribunal penal del país debería tener un papel dentro de ese procedimiento.
Veto de Celso Gamboa
Ulate también se refirió a su relación profesional con Celso Gamboa, exmagistrado de la Sala III, con quien coincidió cuando ambos fueron compañeros en el aula fiscal en el año 2000.
El aspirante recordó que tuvo discrepancias de criterio con Gamboa, particularmente por lo que consideraba acusaciones sin sustento que se presentaban en Limón. Dijo que esa percepción se confirmó posteriormente, cuando fue nombrado juez en esa provincia.
Ulate también cuestionó que los fiscales, funcionarios y magistrados asuman posiciones políticas o se conviertan en figuras públicas que adquieren protagonismo por sus actuaciones judiciales.
Para explicar su posición, mencionó al jurista italiano Luigi Ferrajoli y su crítica a los llamados “héroes judiciales”, figuras que, según expuso, pueden terminar perjudicando a las propias instituciones.
“Nosotros jamás podemos ser políticos. Trabajamos en una institución que tiene que ser totalmente apolítica, pero que tiene un impacto político, sea como sea. Pero no podemos tomar posturas políticas”, manifestó.
En ese contexto, Ulate dijo considerar que Gamboa terminó convirtiéndose en una de esas figuras. Además, relató que, según le comentó un antiguo compañero de trabajo en la CICIG, en 2017 Gamboa habría dicho que, mientras él permaneciera en la Fiscalía o el Poder Judicial, Ulate no volvería a poner un pie en esas instituciones.
Igualmente, se refirió a la extradición de Gamboa a Estados Unidos. Dijo estar de acuerdo con ese mecanismo, pero advirtió que Costa Rica no debe trasladar a otros países la responsabilidad de investigar y resolver situaciones que corresponden a sus propias autoridades.
Experiencia en Costa Rica
Ulate ha desarrollado parte de su carrera en el Ministerio Público costarricense. Fue fiscal en la investigación por el femicidio de Mauren Hidalgo Gamboa, a manos de su esposo, el entonces defensor público Luis Fernando Burgos Barboza.
En 2021 participó en el concurso para elegir al fiscal general de la República, puesto que finalmente recayó en Carlo Díaz.
El abogado indicó que, para evitar posibles conflictos, limitó su ejercicio profesional en Costa Rica, donde solo ha litigado tres casos y también rechazó asumir asuntos relacionados con narcotráfico, tanto aquí como en Guatemala.
Además, formó parte del equipo defensor del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, quien permaneció más de tres años y medio privado de libertad y se encuentra bajo arresto domiciliario desde febrero.