La presidenta de la República, Laura Fernández, y el jefe de la fracción oficialista, Nogui Acosta, reaccionaron al multitudinario plantón realizado en defensa del Poder Judicial y sostuvieron que la protesta demuestra que en Costa Rica existe plena libertad para manifestarse.
Fernández afirmó este viernes que respeta a quienes participaron en la concentración, los calificó como “personas opositoras” y cuestionó la presencia de excandidatos presidenciales, universidades, sindicatos y expresidentes.
Miles de personas se congregaron el jueves en la plaza de la Democracia, en San José, y en distintos puntos del país para manifestarse en defensa de la independencia del Poder Judicial, la división de poderes y la democracia.
Durante el plantón, los asistentes entonaron el Himno Nacional y la Patriótica Costarricense, expresaron su respaldo a funcionarios judiciales y corearon consignas contra figuras del gobierno. La jornada concluyó cerca de las 8:30 p. m. con el canto del Himno Nacional.
Laura Fernández: ‘Yo no soy ninguna dictadora’
“Yo les digo a todas las personas que se manifestaron ayer que eso es una muestra de que Costa Rica es una democracia viva. Aquí se manifestaron esas personas con total libertad, con total libertad de expresión”, declaró la mandataria durante una actividad oficial en el distrito de La Guácima.
La presidenta agregó que no ordenó ningún despliegue policial para impedir la protesta y sostuvo que cualquier persona puede manifestarse mientras no vulnere los derechos de los demás.
“Así que esas personas opositoras que se manifestaron creo que son una muestra clara de que yo no soy ninguna dictadora, de que no le estoy violando los derechos a nadie”, manifestó.
“Hay cosas que me llamaron poderosamente la atención, como, por ejemplo, ver a todos los excandidatos a la Presidencia, a los que yo les gané, y por abrumante mayoría, en las pasadas elecciones,” expresó.
En la actividad estuvieron los excandidatos Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); la legisladora Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana (CAC); y Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
También participaron diputados de las cuatro bancadas de oposición y jerarcas del Poder Judicial, como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre; el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto; y el fiscal general, Carlo Díaz.
La mandataria también criticó la participación de las universidades. “Me llamó también poderosamente la atención ver a todas las universidades marchando. Y yo pienso: bueno, sí, precisamente estamos eliminando privilegios y abusos en muchas de esas universidades”, dijo.
Fernández, además, concluyó que, a su criterio, la principal expresión de respaldo ciudadano ocurrió en las elecciones nacionales del pasado 1.º de febrero, cuando ella salió victoriosa y se convirtió en la presidenta del país.
Nogui Acosta: protesta fue un “ataque político disfrazado”
Por su parte, el jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, afirmó que la concentración terminó convertida en un acto político contra el gobierno.
“Lo primero es que quedó demostrado que en Costa Rica no existe ninguna dictadura. Quienes atacan constantemente al gobierno pudieron marchar, protestar y expresar libremente sus posiciones. Esa es precisamente la prueba de que vivimos en una democracia plena”, manifestó.
Según Acosta, la convocatoria se presentó como una actividad en defensa del Poder Judicial, pero “terminó pareciendo un ataque político disfrazado contra el gobierno, impulsado por sindicatos y representantes de la oposición”.
El legislador aseguró que la bancada oficialista respeta el derecho a manifestarse, pero advirtió de que la protesta no modificará su posición sobre la resolución de la Sala Constitucional que prorrogó los nombramientos de magistrados suplentes.
“Una protesta no cambia nuestros cuestionamientos ante el atropello cometido por cuatro magistrados, ni puede sustituir las competencias que la Constitución Política le otorga exclusivamente a la Asamblea Legislativa para elegir a los magistrados suplentes”, sostuvo.
El fallo de la Sala Constitucional ocurrió luego de que la Asamblea Legislativa no eligiera a los sustitutos tras 11 rondas de votación. En todas ellas, la bancada oficialista se negó a respaldar a alguno de los candidatos, lo que impidió alcanzar los 38 votos requeridos para efectuar los nombramientos.
La falta de esos nombramientos había impedido resolver 123 recursos en los cuales los magistrados titulares estaban inhibidos.
Tras ese escenario, la Sala Constitucional emitió el jueves 30 de julio una sentencia con la que prorrogó el nombramiento de los magistrados suplentes cuyo período venció en diciembre de 2025 hasta que la Asamblea Legislativa designe a sus sustitutos.
Un día después, la presidenta de la República, Laura Fernández, calificó la resolución como un “golpe de Estado”. Ese mismo 31 de julio, en una comparecencia junto con la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, anunció la presentación de una querella por presunto prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional.
Acosta también aprovechó su reacción para insistir en que deben discutirse reformas al Poder Judicial, entre ellas cambios relacionados con las funciones administrativas de la Corte y el Código Procesal Penal.
“Es importante dejar clara la necesidad de las reformas al Poder Judicial. No es un tema de ataque. Los mismos magistrados han reconocido que no pueden ser vitalicios y que la Corte no puede concentrar todas las funciones administrativas,” señaló Acosta.
El jefe de bancada agregó que el oficialismo continuará “defendiendo la separación de poderes y denunciando cualquier resolución que exceda las competencias constitucionales de un poder de la República”.
Pilar Cisneros: protesta demuestra que “no hay dictadura”
En un video enviado posteriormente a La Nación, la asesora ad honorem de Casa Presidencial, Pilar Cisneros, afirmó que el plantón demuestra que en Costa Rica existe libertad para manifestarse y sostuvo que quienes califican al gobierno como una dictadura quedaron “sin argumentos”.
Cisneros señaló que la manifestación se realizó sin intervención policial y aseguró que esa situación evidencia que el país vive “una democracia plena”.
Respecto a la posición del gobierno sobre la resolución de la Sala Constitucional que prorrogó el nombramiento de magistrados suplentes, Cisneros afirmó que mantiene el criterio expresado por el Poder Ejecutivo.
“Sí, lo creo firmemente (...) fue un golpe de Estado institucional. Fue un poder de la República usurpando la función que le toca por Constitución a otro poder”, manifestó.
La asesora agregó que, a su criterio, el oficialismo no debe modificar su estrategia frente al Poder Judicial.
“El Poder Ejecutivo desde el día uno le abrió las puertas al Poder Judicial (...). ¿Cómo cambia usted estrategia cuando la otra parte no viene, no asiste, deja las sillas vacías?”, expresó.
Asimismo, sostuvo que la manifestación del jueves debe interpretarse como “un llamado al Poder Judicial a que se ponga las pilas, a que reconozca sus errores y a que vea cómo puede mejorar para que haya justicia pronta y cumplida”.
Cisneros también cuestionó que, según dijo, haya sido el Poder Ejecutivo el que presentara proyectos para modificar el funcionamiento del Poder Judicial.
“¿A usted le parece que lo normal es que la presidenta de la República presente once proyectos de ley para mejorar la funcionalidad del Poder Judicial (...)? Francamente, yo no sé qué está haciendo el Poder Judicial”, afirmó.
La Nación también consultó a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez; sin embargo, al cierre de esta publicación no se habían recibido sus respuestas.