Consultado por la prensa, debido al escándalo que generó dicha alerta, Madrigal enfatizó que se trata de decisiones internas que toma el Ministerio Público sobre cómo localizar a un imputado para que vaya a declarar.
“Es un tema que yo no voy a cuestionar ni atacar. Pudo haber sido -para el público- exagerado, pero igualmente es un tema dentro de las posibilidades y facultades que el Ministerio Público tiene”, indicó el representante legal de Pilar Cisneros.
La alerta migratoria, firmada por una fiscala adjunta de la Fiscalía General, pidió a la Dirección de Migración y Extranjería que, por estar requerida Cisneros dentro de la causa 26-000077-0033-PE, informara si la exdiputada pretendía ingresar o salir del país por algún medio o frontera.
Dicha solicitud se hizo porque, según el Ministerio Público, ya había intentado siete veces citar a Pilar Cisneros para que rindiera su declaración dentro del caso de la presunta estructura paralela de financiamiento electoral de la campaña 2022, de Rodrigo Chaves.
Sin embargo, no había sido posible para los citadores encontrarla ni en los números telefónicos registrados a su nombre ni en su casa de habitación.
De hecho, Cisneros estuvo en Perú entre el 15 y el 23 de agosto, porque su hermana mayor falleció.
Aunque el representante legal enfatizó varias veces esta mañana que esa alerta migratoria es absolutamente normal, la medida generó una gran indignación entre varios funcionarios del gobierno, este jueves, incluyendo el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, y la fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano (PPSO), que realizó una conferencia de prensa en apoyo a Cisneros.
De hecho, la Fiscalía General de la República confirmó que ya les tomó la declaración a los otros tres exdiputados que figuran como imputados en la causa penal, que son Waldo Agüero, Paola Nájera y Luz Mary Alzpízar.
El quinto imputado, que ya no tiene fuero de inmunidad es el exministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André, nombrado como embajador de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los otros dos funcionarios acusados por presunto financiamiento ilegal en la campaña de 2022 son el expresidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ex vicepresidente, Stephan Brunner, ambos todavía con inmunidad, uno como ministro de la Presidencia y de Hacienda de Laura Fernández y el otro como diputado de la fracción de gobierno.
