Costa Rica no ha podido dejar en el pasado la discriminación, la exclusión y el encierro heredados de la tradición europea para tratar la salud mental, a pesar de la firma en 1990 de la Declaración de Caracas, donde quedan patentes los errores de un modelo basado en hospitales psiquiátricos y el compromiso de cambiarlo por otro centrado en la comunidad.
Recientemente, este diario informó sobre graves violaciones de derechos humanos debido a toda clase de obstáculos levantados por la burocracia que ni escucha ni atiende, y al final no brinda una resolución a quienes acuden a las instituciones.
La atención obsoleta e ineficiente es la culpable del aumento de cuadros de depresión, ansiedad y ataques de pánico, entre otros, a lo que se debe agregar los efectos de la pandemia y la endeble estrategia de abordaje.
Las ciencias actualmente conciben al ser humano como un sujeto biopsicosocial. Por ello, el bienestar de las personas, familias y comunidades depende también de una sociedad que reconozca derechos al empleo de calidad, el acceso universal a la salud y la educación y a un ambiente digno, por citar algunos.
Es imposible hablar de salud mental sin considerar la gran desigualdad económica y las políticas de Estado que han deteriorado el pacto social solidario, y que cada día dejan a más gente en situación de vulnerabilidad.
Y, 32 años después de la Declaración de Caracas, la Asamblea Legislativa defiende un proyecto en el que incumple los compromisos internacionales.
Las personas que sufren día tras día la ineficaz atención no merecen otra ley mediocre, como muchas más en el país. No es ningún beneficio legislar sobre la salud mental si se traza un plan de actuación en el que quien necesita atención especializada la reciba en un centralizado y obsoleto hospital psiquiátrico, y ni siquiera tendrá acceso en su propia comunidad.
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El autor es psicólogo.
