Está bien que la Universidad de Costa Rica (UCR) tenga su autonomía, pero debería ser administrada con responsabilidad, racionalidad, austeridad y en sintonía con las leyes y criterios de transparencia que operan en el resto de las instituciones públicas.
Esa organización y gobierno propios, dado por el artículo 84 de la Constitución Política a todas las universidades del Estado, la UCR los ha distorsionado al punto de restregarlos en cara cuando se le cuestiona alguna decisión antojadiza.
El último ejemplo es el decreto del rector, Henning Jensen, quien regaló cinco días libres a todos los funcionarios para ampliarles el descanso de principio y fin de año.
¿Millonarios? Puede ser que sí, porque solo una institución pública rebosante de dinero puede darse ese lujo. Si allí laboran 9.300 personas, el regalo es insultante: 360.000 horas, 45.000 días de trabajo.
La justificación es penosa: los funcionarios toman 10 días de vacaciones obligadas y el rector regala 5 para que, sobre todo los nuevos, no queden sin días de descanso para el resto del año. ¡Qué considerado el jefe! Sin embargo, ignora que ya en esa universidad un empleado con un año de trabajo tiene 16 días de vacaciones; aquellos entre 6 y 10 años, 23 días; y los de más de 10 años, 30.
El problema es que son recursos públicos, no suyos, sacados del bolsillo de costarricenses que, gustosos, estamos dispuestos a financiar a la UCR, pero para que trabajen, no para que reposen mientras el país en pleno estará en pie, en enero, iniciando el 2017.
Resulta ofensiva esta decisión de Jensen porque para pedir más presupuesto al Gobierno y a los diputados sí ha tenido cara y así logró que para el otro año solo la UCR reciba ¢276.500 millones, el 57,79% de todo el fondo para las “U”.
A los que cuestionamos ese regalo de película para los 9.300 empleados públicos, el rector prácticamente nos dejó callados. Guste o no guste, él puede hacerlo: “El ordenamiento jurídico universitario le otorga a la Rectoría las facultades para conceder asueto o permiso, dentro de días laborales”, dijo Jensen. La decisión podrá ser muy legal, pero moralmente se desploma. Mientras el país está en aprietos económicos, mientras se habla de más impuestos para financiar, entre otras, a la UCR, el dinero allí parece sobrar.
El autor es jefe de redacción en La Nación.