Nueve diputados del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) apoyan a una agrupación distinta de la que los llevó a la Asamblea Legislativa, y argumentan que esta representa la ideología del presidente de la República. Es un golpe a la institucionalidad democrática y sin precedente en la historia de Costa Rica.
No hay nada malo en separarse de un partido y afiliarse a otro (con las consecuencias que conlleva); lo que sí lo está es decir abiertamente que se mantienen en dos partidos, en uno para hacer proselitismo a favor de su líder autoritario y en otro para obtener fondos públicos y beneficios de naturaleza administrativa mientras ostentan el cargo de diputado.
La maniobra es evidente. No renuncian expresamente al PPSD, pues perderán la condición de fracción y con ello los beneficios que están reglamentados, porque el sistema costarricense reconoce como fracciones solamente a las que fueron elegidas en elecciones y no a los disidentes, y estas han sido las reglas del juego durante más de medio siglo y fueron respetadas hasta ahora.
Es muy preocupante que una diputada manifieste que el sistema de partidos políticos está desfasado y se deban proponer normas para cambiarlo. También es muy preocupante brincarse las normas que reconocen el sistema de partidos políticos como único de representación democrática.
Existe amplia jurisprudencia sobre la renuncia a un partido, que puede ser tácita o expresa (la desafiliación supone una desvinculación de la propuesta político-ideológica particular del partido de que se trate y, consecuentemente, una ruptura del vínculo que sirve de fundamento para reconocer en esa persona la aptitud de representar los intereses de los militantes de la estructura).
Evidentemente, los nueve diputados independientes mediante su participación en actos proselitistas de otra divisa, sumados a los discursos de control político en el plenario, donde reiteran el rechazo a representar al PPSD, no demuestran otra cosa más que una renuncia tácita al PPSD y, por ende, a la fracción, lo cual los convierte en diputados independientes.
Es un fraude a la democracia, la voluntad popular y la participación política de los ciudadanos pregonar la pertenencia a dos partidos políticos al mismo tiempo. Es romper con el principio esencial de la representación política que guarda la Constitución Política.
La doble militancia y la filiación partidaria, de conformidad con el Tribunal Supremo de Elecciones, riñe con los principios de asociación y participación política.
El temor de los nueve diputados independientes del PPSD es que el reglamento legislativo y la jurisprudencia de la Sala Constitucional establecen que si bien los diputados conservan sus derechos esenciales al ostentar un carácter nacional, en la dinámica política interna del Parlamento suelen experimentar una disminución de ciertas prerrogativas propias de las fracciones legalmente constituidas.
Lo anterior, según el criterio de la Sala Constitucional, no es irracional o discriminatorio, por cuanto los diputados son elegidos por medio de partidos políticos, es decir, el precepto que resguarda la representación, la participación y la expresión de los ciudadanos.
Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que el registro de candidatos exclusivamente a través de partidos políticos responde a necesidades sociales imperiosas basadas en diversas razones históricas, políticas y sociales.
El irrespeto y desdén que demuestran los nueve diputados del PPSD hacia los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa contradice lo expuesto por el órgano máximo en materia de regulación de los derechos humanos, que indica la legitimidad de los partidos políticos como los únicos medios para alcanzar la representación popular.
Queda en evidencia la preocupación por el resguardo de los principios democráticos que están siendo sometidos al atropello por nueve diputados del PPSD, que no respetan la democracia costarricense.
En las próximas semanas, meses o años, veremos si se pone fin a semejante acto de hipocresía política (representar a dos partidos porque uno les sirve para una cosa y otro para otra). Como se sabe, hay tres escenarios donde la situación podría resolverse: la Sala Constitucional, el Tribunal Supremo de Elecciones y, en última instancia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El autor es diputado.
