Muchas de las políticas fiscales impulsadas por el Gobierno y Congreso de los Estados Unidos tienen repercusiones económicas en los países en desarrollo, incluyendo el nuestro. Tal es el caso de los subsidios a los agricultores, tradicionalmente ligados en la misma ley a las ayudas a las familias para adquirir alimentos, conocidas popularmente como cupones verdes ( green stamps ). Ambos están sufriendo actualmente un intenso debate. Y, como a nosotros nos afectan, algo deberíamos aportar a la discusión.
Los agricultores han sido tradicionalmente grupos muy influyentes en la política norteamericana, particularmente entre los republicanos. Durante muchos años han recibido generosos subsidios del Gobierno Federal de los Estados Unidos en muy diversas formas, incluyendo precios de sustentación, seguros de cosecha subsidiados –incorporando los aplicables a caídas en los precios por exceso de oferta–, adquisición de excedentes y, en algunos casos, pagos directos a los agricultores para disuadirlos de sembrar total o parcialmente y, de esa forma, evitar que los precios varíen por debajo o encima de ciertos niveles, a fin de equilibrar la oferta y la demanda, y asegurar un cierto precio. El costo para el Gobierno Federal es muy cuantioso.
La otra cara de la moneda son los subsidios a los consumidores de más bajos recursos, también recogidos en la misma ley (que se revisa cada cinco años), denominados oficialmente Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, cuyo monto ha venido creciendo muy significativamente después de la crisis. Es uno de los programas favoritos de los demócratas. Se incluyen en la misma legislación –Ley Agrícola– por una especie de compromiso entre ambos grupos de legisladores, de suerte que cada uno de ellos beneficie a los grupos que le son más afines. Bajo ese entendimiento, las renovaciones a la ley se aprobaban sin mayor problema cada cinco años.
El problema ahora, sin embargo, es que los costos del subsidio nutricional dirigido a los consumidores han crecido demasiado, al punto de cubrir a 45 millones de personas. Cuatro quintas partes del costo total se dirige a ese grupo de personas ($80.000 millones), mientras que solo el 20% se destina a los agricultores ($23.6 mil millones). Y eso, desde luego, indispone a los republicanos, especialmente a los que desean reducir drásticamente el déficit fiscal.
El subsidio nutricional ha subido mucho –se aduce– por el incremento en el desempleo que ha dejado a muchas familias sin poder de compra, y también por las políticas más laxas de la administración Obama en la calificación de quiénes podían recibir el subsidio. En una cobertura tan amplia, los abusos siempre son posibles.
El Senado aprobó recientemente una versión de la Ley Agrícola donde se reducían levemente los subsidios a los agricultores y, también, los de carácter nutricional. Fue aprobada mediante un esfuerzo bipartidista por amplia mayoría, pero, cuando llegó a la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, el consenso bipartidista se rompió y se rechazó la versión consensuada del Senado. Al mismo tiempo, la Cámara aprobó una versión donde se separaban los dos tipos de subsidios –a los agricultores de los consumidores– y rechazó los segundos sin disminuir los primeros, lo que hará casi imposible que sea avalada por el Senado. La situación se encuentra ahora en un impasse .
A nosotros no nos corresponde opinar sobre la forma en que el Gobierno de los EE. UU. asigna sus recursos fiscales para fondear programas sociales. Pero sí nos afectan los subsidios a la producción agrícola, especialmente de aquellos productos con los que competimos actual o potencialmente. Abaratan los precios de artículos como el arroz, la soya, frijoles, maíz y otros cereales; exportan grandes cantidades a esos precios subsidiados, y a nosotros nos resulta muy difícil competir con esos mismos productos sembrados en nuestro territorio.
Estudios del Banco Mundial de hace algunos años llegaron a demostrar que, si los Gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) dejaran de subsidiar a sus agricultores, los países en desarrollo podrían producir más y exportar esos mismos productos, y generar mayores fuentes de empleo y divisas.
El tema se ha discutido muchas veces en la denominada Ronda de Doha y en el seno de la Organización Mundial del Comercio) OMC), sin ningún éxito en ninguna de las instancias. Definitivamente, hay que seguir insistiendo. Pero albergábamos la esperanza de que fueran el Gobierno y los propios legisladores de los EE. UU. quienes tomaran la iniciativa de ir reduciendo los subsidios. La situación en la actualidad, desafortunadamente, se encuentra en un impasse .
Esperamos que la cordura se imponga sobre los grupos de interés y las preferencias partidarias en ese país, y comiencen a reducirse efectivamente los subsidios, aunque sea gradualmente, que afectan al resto del mundo y, también, el déficit fiscal de ese país.