EscucharEste 25 de enero, la Asamblea Legislativa de El Salvador dejó en vigencia, con 57 votos a favor y solo tres en contra, un cambio constitucional que, con total menoscabo de los procedimientos necesarios en una democracia funcional, modificó el procedimiento para reformarla. Las primeras malas consecuencias ya están a la vista, y sin duda vendrán otras.
El artículo 248 de la Constitución, adoptada en 1983 tras los acuerdos de paz, establecía una ruta de enmienda que, aunque poco rigurosa comparada con la de Costa Rica, al menos otorgaba garantías mínimas para evitar atropellos y dar tiempo a discusiones amplias. Disponía que cualquier enmienda propuesta, para ser implementada, debía obtener la mitad más uno de los votos en una legislatura y dos tercios en la siguiente. Con la reforma, aprobada inicialmente el 29 de abril de 2024 y ratificada hace tres semanas, ese requisito desapareció. En su lugar, se impuso un procedimiento expedito, sin precedente en los Estados democráticos, según el cual basta reunir por una vez tres cuartos de los votos para aprobar, de manera definitiva, cualquier cambio constitucional.
Como en las elecciones legislativas del año pasado su partido Nuevas Ideas obtuvo una supermayoría, el nuevo procedimiento ha convertido al presidente Nayib Bukele, para efectos prácticos, en la fuente indiscutible e indisputada de cualquier reforma constitucional, porque sus 54 diputados, en un congreso reducido de 84 a 60, son una simple correa de transmisión de sus designios, y a ellos a menudo se pliegan algunos minoritarios. Resultado: el presidente de la maltrecha República se ha convertido también en virtual legislador y constituyente unipersonal.
Los efectos de esta nueva realidad se hicieron sentir casi de inmediato. El pasado miércoles, la “vía rápida” fue utilizada para eliminar el financiamiento público a las campañas de los partidos políticos, garantizado hasta entonces por el artículo 210 de la Constitución. Ahora quedarán únicamente a merced de los fondos privados.
Los efectos serán en extremo graves para la igualdad de oportunidades electorales en El Salvador. Con su dominio sobre los tres poderes, y con una maquinaria política abrumadora, la capacidad de Bukele para obtener, ya sea mediante presiones o favores, financiamiento de otras fuentes, es desproporcionada. La oposición, en cambio, en extremo diezmada y además asediada, verá reducidas sus posibilidades de fondeo, y esto incrementará una asimetría perniciosa para la vigencia de la democracia. A todo esto hay que sumar el riesgo (o certeza) de abrir puertas más grandes a dineros de fuentes oscuras.
Con la frivolidad que a menudo adopta como recurso retórico, Bukele declaró, vía la red social X: “Pues yo sí creo que se debe eliminar la deuda política en El Salvador. Los partidos políticos se pueden financiar como nos financiamos nosotros en el 2019. ¿Difícil? Sí, fue difícil. ¿Pero no fue mejor así?”. Al margen de si fue mejor entonces para él y sus aliados, que además sí dispusieron de contribución estatal, resulta incontrovertible que será peor para la democracia.
Eduardo Escobar, representante de la organización civil Acción Ciudadana, lo reflejó claramente. “La eliminación del financiamiento público es otra medida para consolidar y mantener un sistema de partido hegemónico o dominante”, y afectará el pluralismo político, debido a que “la mayoría de los partidos no podrán costear su funcionamiento ordinario, ni sus campañas electorales”, y esto reducirá sus posibilidades de obtener votos.
Tras ratificarse la nueva modalidad de enmienda constitucional que condujo al cambio en el financiamiento electoral, Ana Piquer, directora para América Latina de la reconocida organización Amnistía Internacional, advirtió de que “en un contexto donde la independencia de la justicia y el derecho a un juicio justo han sido sistemáticamente debilitados”, tal medida “podría allanar el camino para la instauración de reformas que socaven aún más los derechos humanos de la población”. Ya está sucediendo, y a gran velocidad.
Es claro que tanto la “vía rápida” de reformas, como su primer resultado, son parte del proceso autocrático iniciado por Bukele desde que llegó al poder en 2019. El país se acerca cada vez más a la dictadura, mientras los problemas sociales se acrecientan. Los instrumentos de que el presidente dispone para avanzar por esa ruta ya son enormes, y todo indica que cada serán mayores.
