El Congreso de El Salvador eliminó de la Constitución la obligación de dar fondos públicos a partidos políticos, lo que fue criticado por opositores que denuncian “más concentración” del poder en el gobierno de Nayib Bukele.
La derogación del artículo 210 de la Constitución fue aprobado con los votos de 58 diputados del Congreso de 60 escaños, controlado por el oficialismo, que propuso la reforma.
Según ese artículo, la llamada “deuda política” financiaba las campañas electorales de los partidos para “promover su libertad e independencia”, pero ahora deberán hacerlo por sus propios medios.
A finales de enero, el Congreso ratificó una reforma que facilita y acelera las modificaciones a la Carta Magna.
El diputado jefe de la bancada del oficialista Nuevas Ideas, Christian Guevara, aseguró este miércoles que la eliminación de la deuda política se hizo porque “los salvadoreños no la quieren”.
Claudia Ortiz, diputada del opositor partido Vamos, opinó que la derogatoria del artículo constitucional servirá al oficialismo “para seguir concentrando poder”.
Para el diputado Francisco Lira, de la derechista y opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), se “afectará” la “democracia representativa” pues “no todos los partidos tienen las mismas posibilidades de financiamiento”.
Bukele en su página en Facebook salió al paso de esas críticas.
“Así hacen con todo: reclaman y reclaman por lo que ellos nunca hicieron y, cuando venimos y lo hacemos, cambian el discurso y empiezan a quejarse de que por qué lo hacemos”, sostuvo el mandatario.
Según cifras del Ministerio de Hacienda, el Estado repartió $40 millones en concepto de deuda política a los partidos que participaron en las últimas elecciones generales de 2024, en las cuales fue reelegido Bukele.