En Latinoamérica subsiste una importante brecha salarial entre hombres y mujeres e, incluso, una abierta discriminación laboral por razones de sexo. En Costa Rica, este fenómeno se ha incrementado en los últimos años como resultado de la tendencia a la feminización de la pobreza y la desaceleración económica que afecta a trabajadores informales, mano de obra no calificada y otros grupos vulnerables.
La ocupación en puestos no calificados creció de casi 26% a 30%, del segundo trimestre del 2011 al primero del 2013, y quienes reciben menos de un salario mínimo pasaron de 17%, en el primer trimestre del 2011, a 23% en el mismo periodo de este año. Otra cifra preocupante es que el sector sin cobertura del seguro social subió de 36% a 41%.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las mujeres ganan al menos un 26% menos que los hombres en el mismo puesto, aunque tienen una escolaridad superior –0,5 años más en promedio-, debido a que se concentran en carreras tradicionalmente mal remuneradas, como educación, enfermería y secretariado, o con baja calificación. Por el contrario, mitos y estereotipos culturales empujan a los hombres hacia las ingenierías y profesiones tecnológicas con alto valor agregado.
Además, las mujeres trabajan media jornada o tiempo parcial porque se ven obligadas a combinar la actividad remunerada con la atención de los hijos -el llamado “impuesto reproductivo”-, de familiares enfermos o de adultos mayores, por lo que no obtienen ninguna retribución material, aun a sabiendas de que en muchas ocasiones esto representa truncar su porvenir profesional.
En el 2012, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) presentó un informe que estableció que “a partir de 1999 la tendencia es hacia un deterioro de las condiciones salariales de las mujeres, pues la diferencia es cada vez más significativa: para el 2007 las mujeres ganan el 83,9%, y en el 2008 reciben el 84,8% de lo que recibe un hombre por un trabajo de igual valor o equivalente; en el 2010 baja a un 83,4%”.
El mayor grado de vulnerabilidad se da en las mujeres solas a cargo de un hogar, que es una tendencia creciente en Costa Rica, donde supera el 31% de las familias. De estas, el 25% se encuentra en condiciones de pobreza y sufre de discriminación, inequidades salariales y de contratación laboral y dificultades de acceso a la educación y a la movilidad social.
Hugo Ñopo, uno de los autores del estudio Nuevo siglo, viejas disparidades: Brecha salarial por género y etnicidad en América Latina (BID, 2012), insiste en que “las políticas destinadas a reducir estas desigualdades todavía están ausentes. Superar esa situación es más que un imperativo moral. Es una estrategia esencial para reducir la pobreza en la región”.
Organizaciones como el BID y la CEPAL han insistido en que conciliar trabajo y familia no es meramente una reivindicación de género o un asunto de derechos humanos sino un problema de agenda pública que debe institucionalizarse por medio de legislación laboral, estímulos a la formación profesional y políticas destinadas a generar oportunidades de ingreso para las mujeres, así como servicios de cuidado infantil e infraestructuras de apoyo en áreas como cuido de adultos mayores, transporte y salud.
En Costa Rica, la administración Chinchilla puso en práctica algunas de estas iniciativas con éxito, pero con limitaciones. Por ahora, la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil atiende a una población que se calcula en 30.000 niños y niñas. Sin embargo, como varios sectores han insistido, estos logros deben evaluarse a la luz de un nuevo modelo de protección social en el país, que oriente de una forma más eficiente la inversión pública hacia el combate de la pobreza.