Editorial: Veto a la agencia espacial

La ley de creación de la Agencia Espacial Costarricense (AEC) debe ser vetada. Avanzó por la corriente legislativa sin hacerse notar y hoy espera la firma presidencial. Si el mandatario deja pasar la oportunidad del veto, dará vida a un elefante blanco, dotado de miles de millones provenientes de un 0,4 % de la subejecución presupuestaria de instituciones públicas no financieras, excepto el Gobierno Central, municipalidades, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y universidades.

El país necesita ese dinero y todos los recursos disponibles para estabilizar su situación fiscal. El presidente lo sabe y señaló, sin ambigüedades, la falta de fondos, pero no anunció el veto. Por el contrario, se dispone a firmar la ley si encuentra la forma de promulgar una «moratoria» para la entrada en vigor.

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Es una mala solución. La ley debe ser sancionada o vetada por sus méritos o deficiencias, no pospuesta para dejar a futuras administraciones la obligación de financiar la quimera burocrática temida por personas con amplísima experiencia en el campo espacial, como el astronauta Franklin Chang Díaz, quien abogó por la creación de una agencia espacial con solidez jurídica para actuar, pero «no un elefante institucional».

Ronald Chang Díaz, ingeniero y empresario fundador, junto con su hermano, de la empresa Ad Astra Rocket Company Costa Rica, establecida en Liberia, Guanacaste, califica al proyecto de ley de «ocurrencia» y señala el inconveniente de limitar los cargos directivos a personas del mundo académico cuando en todo el planeta las agencias de este tipo incorporan a su dirección a políticos, diplomáticos, empresarios e ingenieros, además de académicos.

La crítica de Ronald Chang cae como anillo al dedo a la justificación esgrimida por la diputada Aida Montiel, promotora del proyecto de ley: «Costa Rica no cuenta con una contraparte (sic) para hacer convenios de alto impacto con agencias espaciales de países amigos. Con la aprobación del proyecto de ley, se cumpliría con las exigencias de los organismos internacionales, pues Costa Rica tendría una contraparte (sic) formal y legalmente establecida», manifestó la legisladora.

Precisamente para sacar provecho de convenios con países amigos, una iniciativa espacial costarricense requiere conocedores de la negociación y formalización de ese tipo de acuerdos. Por eso, Chang extraña la exclusión de políticos, diplomáticos, empresarios e ingenieros. Más importante todavía es la convicción de los dos expertos sobre la factibilidad y necesidad de crear una agencia mucho menos cara y burocrática, con plena capacidad jurídica para fungir como interlocutora con las agencias de países amigos y organismos multilaterales.

En esa tesitura, Jorge Oguilve Araya, directivo del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), también critica el proyecto de ley. Aboga por una agencia espacial, pero duda de crear otra entidad pública. Una posibilidad, sostuvo, es conformar una organización adscrita al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). «Como está el texto, la agencia sería un ente público no estatal con cierta libertad operativa, pero supeditado al Micitt. Esto abre la puerta a colisiones sobre quién hace qué, posible duplicidad de funciones y escasa fiscalización», afirmó.

En junio del 2020, la Contraloría General de la República (CGR) objetó también la asignación de recursos a la agencia mientras el país afronte una crítica situación fiscal. La entidad reiteró su preocupación en febrero.

El presidente debe prestar atención a voces tan experimentadas y, cuando menos, examinar estudios de factibilidad, propuesta de estructura, justificación del presupuesto, tareas asignadas y la imposibilidad de ejecutarlas por medios menos dispendiosos antes de crear, o siquiera posponer, el nacimiento de un nuevo elefante blanco.