Los conflictos de intereses en las instituciones públicas reciben atención creciente de tirios y troyanos. En buena hora así sea; en buena hora los actores enfrentados a esas situaciones (sea en el Sinart o en la junta directiva de un banco estatal) revelen el potencial conflicto y se abstengan de participar en la decisión del caso. Por eso es importante discernir si, en efecto, se está ante un posible conflicto de intereses.
Una discusión reciente surgió de la queja planteada por el diputado José María Villalta sobre la actuación de la coordinadora del Consejo Económico, Edna Camacho, de la cual informamos en nuestra edición del 23 de mayo. La funcionaria, economista de profesión, reconocida investigadora en esa materia, atendió, en algunas oportunidades, solicitudes de miembros de comisiones legislativas interesados en conocer su opinión sobre proyectos concretos bajo estudio del Congreso.
En una de esas ocasiones, cuando todavía no ejercía el cargo actual, señaló que más del 90 % de los títulos transados en la Bolsa Nacional de Valores son bonos del gobierno y someterlos al impuesto del 15 % sobre las ganancias de capital los haría menos atractivos. En ese caso, el gobierno se vería obligado a reconocer una tasa de interés superior para atraer a los inversionistas. En consecuencia, Camacho sugirió a la pasada Asamblea Legislativa eliminar el tributo del plan fiscal. El diputado Villalta manifestó que la actuación de Camacho podría constituir un conflicto de intereses, porque su esposo preside el puesto de bolsa Aldesa Corporación de Valores, S. A., y podría favorecerse con la eliminación del impuesto.
En principio, todas las fuentes de ingreso, como salarios, intereses y ganancias de capital resultantes de vender un título a un precio mayor que el de adquisición, son candidatas a impuestos. Discriminar entre ellas podría ser indebido. Sin embargo, también es preciso reconocer que las operaciones bursátiles son altamente elásticas ante los tributos, y si se someten a impuestos elevados en el país, fácilmente podrían irse a otros mercados. En atención a esa circunstancia, las tasas a que son sometidas resultan, en general, más bajas que, por ejemplo, las del impuesto sobre la renta.
La eventual aprobación de un impuesto a las ganancias de capital sobre los bonos transados en bolsa llevaría a los inversionistas a exigir una rentabilidad mayor y eso afectaría al fisco. Aun si el impuesto recaudado compensara el costo de la mayor rentabilidad, el efecto sería casi neutro y el gravamen carecería de sentido. Tampoco procede exonerar del tributo solo a los bonos del gobierno, y no a los que emiten las empresas privadas, pues eso desnivelaría el terreno de juego. La sugerencia de Camacho fue tratar a unos y otros de igual manera.
Desde el punto de vista técnico, la sugerencia a los diputados de la pasada legislatura que integraron la Comisión Especial de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas fue correcta. Además, fue hecha cuando Camacho no ocupaba su actual cargo de coordinadora del Consejo Económico. Los servidores públicos, desde el más humilde peón hasta (y principalmente) los ocupantes de cargos con mayor poder de decisión, deben revelar las situaciones en que podrían mediar conflictos de intereses y dejar que otros tomen las decisiones del caso, pero no hay conflicto de intereses donde las razones técnicas desaconsejan actuar de otra forma y ni siquiera se ocupa un cargo de decisión en el momento de la actuación sometida a análisis.