Martínez reconoció a este diario que la solicitud es “legítima”, pues la diputada tiene la potestad de fiscalizar el uso de fondos públicos y la UCR debe rendir cuentas. La preocupación de la directora, sin embargo, se refiere al uso que podría darse a esas cifras, particularmente en un contexto de cuestionamientos al contenido del medio.
Los antecedentes son relevantes. El 17 de agosto, Guadamuz cuestionó en el plenario un reportaje del Semanario titulado “Ministro de Educación y otros ocho jerarcas estudiaron con becas de las ‘U’ públicas que hoy ataca el gobierno”. La diputada se mostró incómoda con la publicación y sostuvo que mencionar esas becas buscaba desacreditar a los jerarcas.
Días después, el 31 de agosto, el también diputado oficialista Ariel Mora declaró en La Octava TV que el Semanario debería tener una línea editorial “balanceada” y que, si quería mantener una ideología “marcada y descarada”, debía financiarse con recursos privados. A diferencia de Guadamuz, Mora sí planteó explícitamente un cambio en la línea editorial.
El 9 de setiembre, el canal Impact Channel, afín al gobierno de Laura Fernández, difundió un mensaje similar. En una nota más cercana a la opinión que a la información, cuestionó que la UCR destine ¢418 millones anuales a los salarios del Semanario. También preguntó al rector por qué se financia con fondos públicos un medio que, según el canal, “impone una agenda de izquierda” y es “crítico del gobierno actual”, en lugar de destinar esos recursos a investigaciones y otros logros universitarios.
Araya respondió que el Consejo Universitario nombra a los directores de los medios y que el Semanario goza de independencia editorial, al punto de que también critica a la propia UCR. El Reglamento universitario respalda su explicación: encomienda a los medios de la institución divulgar sus actividades académicas e informar sobre asuntos de interés nacional.
Cinco días después, Guadamuz firmó su oficio. Este no menciona a Impact Channel; únicamente solicita confirmar si es cierta “la información divulgada públicamente”, en referencia al dato de los ¢418 millones.
La posición de ese canal también ayuda a entender el contexto. El día en que Laura Fernández ganó las elecciones presidenciales, su director, el periodista Jonathan Villarreal, dijo al aire: “Celebramos que un partido de derecha, conservador, llegue al poder”. También afirmó: “Durante meses, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance” para impedir que ganaran Ariel Robles y Claudia Dobles, entonces candidatos en contienda.
La cronología muestra, así, una convergencia de mensajes del oficialismo y de medios afines al gobierno contra el Semanario, después de la publicación del reportaje sobre las becas. Eso no demuestra que la solicitud de Guadamuz tenga como propósito intervenir en la línea editorial del medio, pero sí explica la preocupación expresada por su directora.
Insistimos: pedir cuentas sobre el uso de fondos públicos es un derecho de la diputada y una obligación de la universidad. La independencia editorial no exime a un medio financiado con recursos públicos de rendir cuentas sobre el uso de esos recursos.
Al mismo tiempo, entendemos la preocupación de la directora del Semanario, pues las descalificaciones contra los medios de la UCR y las alusiones personales hacia ella vienen desde la administración de Rodrigo Chaves, durante la cual Guadamuz se desempeñó como ministra de Cultura. La entendemos también porque La Nación y sus periodistas han recibido múltiples ataques, desde distintos flancos, por publicar investigaciones incómodas para la anterior y la actual administración.
Hay, además, un contexto adverso para el periodismo independiente. Costa Rica pasó del puesto 36 al 38 entre 180 países en la clasificación de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras correspondiente a 2026.
Una de las razones de ese deterioro fue señalada por ocho expresidentes de la República ante una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Comité para la Protección de los Periodistas. Según informaron, existen medidas dirigidas a producir la “asfixia financiera” de medios críticos.
Nada de esto demuestra que Guadamuz pretenda “controlar” al Semanario. Sí explica, en cambio, por qué importa el uso que haga de la información solicitada. La UCR debe rendir cuentas con claridad sobre los recursos que destina al medio, pero la diputada también tiene una responsabilidad: demostrar, con sus actuaciones, que su interés termina en la fiscalización del dinero público y no alcanza la independencia editorial. Esa es la mejor manera de despejar las dudas que ella misma intentó disipar al decir a La Nación: “No existe ningún interés en controlar contenidos ni en intervenir en la libertad editorial del Semanario”.
