Los dos candidatos a la Presidencia de la República coinciden en la necesidad de aplicar iniciativas pospuestas, desde hace demasiado tiempo, para ordenar el transporte público. Ambos señalan, de forma implícita, la existencia de presiones gremiales para descarrilar esas medidas, pero se declaran capaces de actuar sin ataduras.
Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana (PAC), criticó el financiamiento de autobuseros a otras campañas y celebró que el sector no sea determinante en los aportes al futuro presidente. Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional (PRN), dijo no deber favores a los transportistas, lamentó la capacidad de “golpear la mesa” exhibida por el gremio hasta ahora y prometió no ceder a sus presiones.
El problema es de décadas y en esta misma administración fuimos testigos de la destitución de un viceministro y la conformación de comisiones diseñadas para ganar tiempo y posponer las medidas consideradas necesarias desde fines del siglo pasado. También hubo visitas conjuntas de diputados y transportistas a autoridades del sector y otras muestras de influencia del gremio.
Finalmente, nada se avanzó en una administración que, por un instante, pareció comprometida con las ideas de la sectorización y el cobro electrónico. El Consejo de Transporte Público (CTP), donde solo los ingenuos creen ver representación de los usuarios, sigue incólume y si la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aplica un nuevo modelo tarifario, el avance se debe a largos años de lucha contra el embate de los transportistas.
Resulta, pues, alentador saber que el próximo presidente estará comprometido con la sectorización, necesaria para reducir los embotellamientos, la contaminación y, posiblemente, las tarifas. Ojalá exista también determinación para imponer un verdadero cobro electrónico, desligado del requisito de bancarización y basado, como en todo el mundo, en tarjetas prepagadas.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) goza de amplia experiencia en el negocio de las tarjetas, dada la comercialización del producto Kölbi. La institución bien podría manejar las tarjetas de transporte y obtener una interesante ganancia. Sebastián Urbina, el viceministro destituido por insistir en poner orden, había logrado significativos avances en la identificación de sistemas y proveedores. El nuevo gobernante no debería dejar pasar mucho tiempo antes de preguntarle.
La sectorización también tiene ejemplos, como es el caso de la empresa de Coronado, capaz de operar con 43 autobuses gracias a un modelo sectorial, cuando necesitaría cien para hacerlo con el sistema tradicional. La compañía adoptó voluntariamente el modelo. Opera una ruta entre San José y Coronado, alimentada por diez ramales que dan servicio a puntos en la periferia. Un usuario de Dulce Nombre, por ejemplo, viaja al centro del cantón y allí toma un autobús hasta la capital. Hay 27 autobuses para el trayecto San José-Vázquez de Coronado y 16 para los ramales. El servicio directo entre San José y los puntos en la periferia de Coronado no solo exigiría el centenar de vehículos; también sería más caro porque la inversión en autobuses aumentaría, habría más desgaste de equipos, más gastos de mantenimiento y no se le daría un uso óptimo a la flotilla.
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Los estudiosos del tema, los casos experimentales y los contactos preliminares están al alcance del futuro gobernante, sea quien sea. Eso no debe conducir a tomar decisiones precipitadas, pero sí es una base para que las decisiones pospuestas por tantos años puedan ser adoptadas sin necesidad de que pase otro más, sobre todo si la voluntad presidencial se da por descontada.
