Una serie de acciones emprendidas durante las últimas semanas han terminado de despojar a Nayib Bukele de la máscara cool con la que pretendía ocultar en parte la dictadura que impone paso a paso en El Salvador. Al desaparecer, ha revelado su verdadero rostro: el de un autócrata arbitrario y depredador que, además de controlar férreamente todos los poderes del Estado, es incapaz de tolerar el más mínimo cuestionamiento o la más modesta muestra de frustración popular.
Conforme se deteriora la popularidad de que ha gozado por la eficaz brutalidad de su política de seguridad y, al contrario, crece el descontento entre amplios sectores por el deterioro en las condiciones de vida, ha respondido mediante el recrudecimiento de las persecuciones y la represión. Sus blancos han sido múltiples, y no dudamos de que la emprenderá contra cualesquiera otros que cuestionen su poder en el futuro.
El 7 de este mes, varios empresarios de autobuses fueron detenidos por no obedecer la orden de brindar el transporte gratuito prometido por Bukele como una medida populista para “compensar” a la población por el cierre de una carretera, debido a derrumbes. Uno de ellos, José Roberto Jaco Carranza, de 64 años, falleció cinco días después, en turbias circunstancias, mientras permanecía en custodia. Los restantes quedaron en libertad, con medidas cautelares, el pasado jueves.
El día 12, la Policía dispersó con violencia una manifestación de parceleros afiliados a la cooperativa El Bosque, quienes se manifestaron cerca de la opulenta residencia de Bukele para pedirle que interviniera a su favor y evitara el desalojo de las tierras que ocupaban. Su clamor fue desoído. Varios fueron detenidos, entre ellos su presidente, el pastor evangélico José Ángel Pérez, quien aún no ha sido liberado.
El domingo pasado, la reconocida abogada Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, organización civil defensora de los derechos humanos, fue apresada por la Policía a altas horas de la noche. Se le achacan falsos cargos de peculado, pero lo que en verdad le cobran a quien la BBC de Londres destacó el año pasado como una de las “100 mujeres más inspiradoras e influyentes del 2024”, son sus actividades cívicas en defensa de la honestidad pública y la dignidad individual. Permaneció incomunicada hasta el jueves, cuando recibió una breve visita de su defensor, pero aún sigue en prisión.
El martes 20, la Asamblea Legislativa, bajo absoluto dominio del partido presidencial, aprobó en forma expedita y sin discusión una llamada Ley de Agentes Extranjeros, casi idéntica a la impuesta hace cinco años por la dictadura de Daniel Ortega. Por un lado, grava con un impuesto del 30% a las donaciones que reciban del exterior las organizaciones no gubernamentales (ONG) o medios de comunicación; por otro, otorga al gobierno la potestad de decidir, sin apelación posible, cuáles podrán trabajar en el país.
La intención no puede ser más clara: simple y llanamente, desmantelar la de por sí débil estructura institucional que canaliza información independiente y reclamos de la sociedad civil. Sin adecuado apoyo de fundaciones o gobiernos democráticos externos, les será casi imposible realizar su trabajo.
La medida fue anunciada por Bukele luego de la protesta campesina frente a su casa. Entre sus principales blancos está al medio El Faro, que realiza un periodismo independiente y de denuncia. Hace pocos días, su director, Carlos Dada, denunció haber recibido una alerta sobre posibles órdenes de captura contra siete de sus periodistas, luego de que difundieran declaraciones de dos líderes de la pandilla Barra 18, sobre negociaciones sostenidas en el pasado con delegados de Bukele para apoyarlo políticamente. Varios de los periodistas debieron abandonar el país, como medida precautoria.
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Todos estos hechos, además de constantes presiones soterradas contra empresarios, dirigentes políticos y activistas de todo tipo, ocurren en medio del estado de excepción declarado desde 2022, que ha suspendido una serie de derechos civiles y políticos. Su justificación fue la lucha contra las pandillas, pero se ha mantenido a pesar de la “victoria” declarada desde hace tiempo por el autócrata. Esto quiere decir que el propósito real es facilitar la arbitrariedad represiva.
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Para vergüenza nacional, este es el personaje a quien el presidente Rodrigo Chaves recibió con todos los honores en noviembre pasado, le otorgó la condecoración Juan Mora Fernández, acompañó en la propuesta de establecer una indefinida “liga” de naciones, y le ofreció una cena de Estado que costó ¢15 millones, sufragados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Es también el que estimuló el turbio espejismo de una “megacárcel” en nuestro territorio.
Esperamos que no inspire otras intenciones, menos confesables.
