EscucharEl estudio llevado a cabo por el Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP) del Consejo Nacional de Rectores durante el período 2017-2019 contiene una buena noticia: 6 de cada 10 graduados en las universidades públicas son mujeres. La mala noticia es que la titulación no es suficiente, y la sociedad las expulsa del mercado laboral debido a atavismos, sesgos y desconocimiento sobre cómo opera la economía cuando es inclusiva.
Los datos apuntan hacia una vergonzosa realidad, si bien imperante también en otras sociedades, en Costa Rica contrasta con la prédica de un Estado promotor de los derechos humanos. En el fondo, las estadísticas muestran la negación del derecho de las mujeres a una vida digna, y esta vida depende de la igualdad de género. La igualdad es un requisito moral y de justicia, y está intrínsecamente relacionada con el bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto, y contribuye a un mayor desarrollo humano, a relaciones más saludables y a un ambiente en el que la totalidad de los miembros consiguen alcanzar su pleno potencial y sus vidas son más satisfactorias.
Por otra parte, visto con algo de practicidad, está demostrado que cuando el número de mujeres en la fuerza laboral aumenta, las economías crecen. Por tanto, Costa Rica pierde mucho en términos de producto interno bruto al permitir la pervivencia de la idealización de un sitio para las mujeres (el hogar) y otro para los hombres (fuera de la casa o en el trabajo), como señaló Montserrat Sagot, directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica (CIEM), en la nota titulada “6 de 10 profesionales son mujeres: expertas alegan que cifra no equivale a más oportunidades”, publicada en nuestra edición del martes. Una idea enraizada al punto de preferir la pobreza para ellas en lugar de procurar nivelar el terreno a fin de beneficiar a ambos grupos y, consecuentemente, al país.
Otra causa de la exclusión laboral de las mujeres profesionales son los sesgos. María Picado, coordinadora del Departamento de Políticas Públicas del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), llama la atención sobre comportamientos inconscientes detectados en el reclutamiento. Las mujeres aun profesionales son discriminadas porque se teme un exceso de permisos para ir a la escuela, es decir, las madres son castigadas y los padres premiados directamente porque la sociedad no les exige un papel más activo en la crianza de los hijos. Aunque reconocemos avance en este campo, principalmente en las nuevas generaciones, no basta para celebrar un triunfo.
Otro sesgo, subraya Sagot, son las condiciones de trabajo, tales como los horarios incompatibles con las responsabilidades maternas, y cuando hay crisis “los empleadores tienden a despedirlas en mayor número” al subsistir la convicción de que “el principal proveedor sigue siendo el hombre”.
También debe tomarse en cuenta las carreras elegidas por las mujeres. La mayoría se decanta por alguna en el área de las ciencias sociales y de la salud. Educación, Administración, Medicina, Enfermería o Veterinaria, mencionó Olman Madrigal, coordinador del OLAP. Si bien se encuentran entre las menos probables de desaparecer conforme avance la automatización y la inteligencia artificial, varias de estas perpetúan los roles de cuidadoras (enfermeras, veterinarias, médicas) o de nacidas con la responsabilidad de preparar a los ciudadanos (educación) y posicionan la creencia en que hay carreras masculinas (matemáticas, física, ingenierías, etc.) y femeninas, tales como las relacionadas con niños, adultos mayores o servicio al cliente.
El Estado, las empresas y quienes ocupan cargos en los cuales tienen el poder de cuestionar y transformar las normas y valores impulsores de desigualdades arraigadas deben contribuir a la incorporación de las mujeres profesionales a la fuerza laboral y también a quienes carecen de grados universitarios. Negar a la mitad de la población la oportunidad de contribuir plenamente a la economía y a la sociedad es un derroche de talento y potencial que Costa Rica simplemente no debería permitirse, y es un atentado contra la dignidad de ellas como seres humanos.
