EscucharCon ningún voto en contra, solo 8 abstenciones y 24 ausencias entre sus 193 Estados miembros, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este jueves una resolución que da renovado vigor a la protección y promoción de los compromisos ambientales globales, y culmina un esfuerzo diplomático de años en que nuestro país desempeñó un papel protagónico.
Por ambas razones, nos plantea la necesidad de avanzar cada vez más en una ruta que nos ha caracterizado durante décadas: la protección del ambiente y el impulso del desarrollo sostenible.
Su texto reconoce el disfrute de un “medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano”; lo relaciona con otras garantías individuales y sociales, así como con “el derecho internacional vigente”; llama a “la plena aplicación de los acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente”; y exhorta a los Estados, empresas y organizaciones civiles a aumentar la cooperación internacional, reforzar la creación de capacidad y el intercambio de buenas prácticas en la materia.
Es sabido que las resoluciones de la Asamblea General de la ONU no tienen carácter vinculante; sin embargo, establecen compromisos políticos de alcance universal que sirven como referentes para la conducta de sus miembros y otros actores internacionales. Además, colaboran en el desarrollo de una suerte de “derecho común” internacional que se suma a los tratados formales de acatamiento obligatorio para sus signatarios.
Tal es el caso de la recién aprobada, que se inspiró en el contenido de otra resolución adoptada el 8 de octubre del pasado año por el Consejo de Derechos Humanos, con solo 4 abstenciones entre sus 47 integrantes.
Estamos, sin duda, ante un logro de gran trascendencia, al que la diplomacia nacional ha dedicado un gran y eficaz esfuerzo, junto con otros cuatro países: Eslovenia, las Maldivas, Marruecos y Suiza. Este grupo comenzó sus esfuerzos para establecer vínculos entre ambiente y derechos humanos hace 11 años, en el seno del Consejo.
A nuestra iniciativa conjunta se debe la designación, en el 2013, de un relator especial en la materia, cuyo mandato se ha renovado sistemáticamente, así como las resoluciones del Consejo y la Asamblea General introducidas por los cinco. La última fue auspiciada por más de 100 Estados.
Por el compromiso y destacado papel de nuestro país y los diplomáticos, la embajadora Maritza Chan, encargada de negocios a. i. en la misión permanente de Costa Rica ante la ONU, estuvo a cargo de la presentación ante la Asamblea.
En su discurso, calificó la resolución como la “culminación de una larga historia” y resaltó, con acierto, que colaborará en la tarea de enfrentar la “triple crisis” ambiental que agobia a la humanidad: el “cambio climático catastrófico”, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
Más allá del ámbito multilateral, Costa Rica ha logrado, durante más de cincuenta años, progresar en la protección ambiental en el marco del desarrollo sostenible. Por ello, el 20 de setiembre del 2019 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente anunció el otorgamiento al país del premio Campeones de la Tierra —el más alto galardón ambiental de la Organización— en la categoría de liderazgo político. La razón: “Su papel en la protección de la naturaleza y su compromiso con las políticas ambiciosas para combatir el cambio climático”. A este se han sumado otros reconocimientos.
Por todo lo anterior, la resolución aprobada el jueves nos plantea responsabilidades particularmente altas. No basta con consolidar lo logrado. Lo que se impone, sobre todo, es reforzar y dar dinamismo a una ruta clara que nos permita avanzar en los ambiciosos planes de descarbonización, protección de la biodiversidad terrestre y marina, aprovechamiento responsable de los recursos, descontaminación e involucramiento de las comunidades en la gestión ambiental.
Los compromisos internacionales son para cumplirse, más aún cuando el país ha sido tan determinante para su adopción. Es una tarea múltiple que, sin embargo, dependerá especialmente de la aprobación e implementación de acertadas políticas públicas.
