La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), entidad privada sin fines de lucro cuyo propósito es coadyuvar a la atracción de inversión extranjera directa (IED), se propone dirigir una creciente cuota de recursos financieros a cantones fuera de la Gran Área Metropolitana para favorecer su desarrollo económico y social. Con ese fin, hizo un mapeo de 26 obras de infraestructura —algunas en operación, pero necesitadas de mejoras, otras en construcción o bajo estudio— consideradas indispensables para el éxito de sus propósitos (“26 proyectos son vitales para llevar inversión a 20 cantones”, La Nación, 31/7/2018).
Las obras van desde el Aeropuerto Metropolitano, en Orotina, cuyo costo estimado asciende a $1.900 millones, hasta el proyecto Tablillas, en la frontera norte del país, donde la inversión prevista es de solo $15 millones. Mejoras en carreteras, como las rutas 32 y 27, aeropuertos, marinas, acueductos y terminal de cruceros, distribuidas a lo largo y ancho del país conforman el mapa de acción prioritario producido por la Unidad de Planificación y Estrategia de Cinde.
La ejecución de los proyectos no solo servirá para atraer IED (expresión que incluye recursos de costarricenses, no solo de extranjeros), sino que se espera la generación de encadenamientos productivos con empresas locales ubicadas en las zonas de atracción de las inversiones, las cuales contribuirán, también por esa vía, a generar puestos de trabajo y bienestar comunal. Obviamente, los encadenamientos son voluntarios y para asegurarlos nuestras empresas —grandes, pequeñas y medianas— deben operar con estándares de calidad mundial.
La meta de Cinde es “vender” a los inversionistas esos proyectos de modo que mediante alianzas público-privadas (especialmente concesiones, pues se trata de obras que no pueden salir del dominio del Estado) sean eficazmente diseñados, construidos y administrados sin que se requieran fondos del Gobierno. Esto es importantísimo ahora y en el futuro previsible, dado el alto déficit y el endeudamiento del Gobierno Central.
El éxito de las concesiones depende, en mucho, de la calidad de la contrapartida estatal, constituida por la calidad de la normativa específica que da seguridad (o inseguridad) jurídica, del recurso humano que la administre, de la imparcialidad de los entes supervisores y de los tribunales de justicia, entre otros factores. En las alianzas público-privadas, el concesionario se “casa” con el país por plazos que pueden superar los 20 años y el riesgo de que en esos períodos cambien radicalmente las reglas de juego, con perjuicio para el inversionista, se traduce en penalizaciones financieras (tarifas) que podrían hacer inviable la ejecución de muchos proyectos.
Si bien Costa Rica sobresale en todos esos rubros si se le compara con otros países del istmo centroamericano y más allá, todavía hay mucho por avanzar para ubicarnos en el nivel de los países del continente que van a la vanguardia, como Chile, que compiten con nosotros por los recursos de inversionistas internacionales.
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La lista de obras, contrastada con los recursos disponibles, señala claramente el camino para la ejecución. El Estado no puede financiarlas, pero el progreso de muchas comunidades depende de su construcción. Es hora de abandonar los prejuicios y hablar en serio sobre los requerimientos del desarrollo.
Cinde merece reconocimiento por tan loable iniciativa y no dudamos que la conducirá a buen puerto para el bien del país. Confiamos en que las autoridades y voceros de las comunidades favorecidas también la acogerán con entusiasmo.
