Cada vez resulta más evidente que las listas de espera, además de un agobiante problema con demoledoras consecuencias humanas, son el síntoma más grave de las múltiples falencias de planificación y gestión que aquejan a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Mientras la acumulación de citas y procedimientos sin atender no se asuma desde esta perspectiva y se aborde con una perspectiva sistémica, difícilmente podrán reducirse en forma permanente.
Este es el mensaje que emana de un informe de auditoría realizado en junio, sobre el que informamos el 29 de setiembre. El estudio reconoce que la administración ha emitido una serie de políticas, lineamientos, reglamentos y disposiciones técnicas para atender la acumulación de pacientes en las listas; sin embargo, insiste en que, como solución estable, se debe emprender un abordaje “integral, sostenido y articulado”. De lo contrario, añadimos nosotros, no solo este enorme desafío, sino otros de distinta índole, con impacto directo en la salud de los usuarios y de la propia institución, no cederán. Al contrario, seguirán creciendo.
Las cifras reconocidas por la Caja son reveladoras; también, alarmantes. Por ejemplo, entre marzo y julio de este año, la presa para procedimientos quirúrgicos aumentó en 7.028 casos, y llegó a un acumulado de 211.650. Para consulta externa, se incrementó en 28.958 y alcanzó 391.314, con una espera también mayor: 565 días frente a 540 cuatro meses antes.
Lo más grave es que cada dato representa seres humanos, y que los retrasos golpean su bienestar e, incluso, pueden marcar la diferencia entre seguir viviendo o morir. La auditoría puso particular énfasis en los riesgos para pacientes oncológicos, pediátricos, cardiovasculares, renales y oftalmológicos; también, para quienes esperan trasplantes.
No desdeñamos la complejidad de abordar con éxito una situación así; menos aún, la de guiar y manejar una entidad tan compleja como la CCSS. Pero, precisamente por esto, las soluciones aisladas, sin atender adecuadamente cómo afectan y se ven afectadas por las interacciones de todas las partes del sistema institucional, distan mucho de ser las mejores.
Los auditores son claros en mencionar un conjunto de factores, entrelazados entre sí, que atrasan la atención de los asegurados y, quizá también, la calidad de esta. Entre ellos están la forma en que se aprovecha la infraestructura, que incluye tanto los inmuebles como los equipos; la disponibilidad y organización de los recursos humanos, en particular los especializados; los servicios de apoyo requeridos; las herramientas y procesos estandarizados que son necesarios para maximizar el rendimiento; la fluidez y calidad de la información para la toma de decisiones; el aprovechamiento de las jornadas y la prolongación de las estancias hospitalarias, a menudo excesivas.
Además, como en todo sistema complejo, la falla en alguno de esos componentes afecta –aunque sea en grados distintos– a la totalidad. De ahí que, sin perder de vista acciones puntuales, se requieran estrategias integrales.
El informe lo sintetiza con claridad, al decir que las listas de espera continúan “representando una problemática sustantiva, de carácter multicausal y dinámico, en la que el ingreso permanente de nuevos casos coexiste con limitaciones en capacidad resolutiva, calidad de la información, articulación en red, priorización clínica y control de la gestión”.
Es decir, estamos ante fallas evidentes de gobernanza. Tienen que ver, por supuesto, con lo que ocurre en cada centro de salud y hay que hacer lo posible por impulsar mejoras en esos niveles, los más críticos para los pacientes.
Sin embargo, en buena medida, estos dependen, en su mejora o deterioro, de las políticas de la institución, su capacidad de planificación, los procesos para la toma de decisiones, los mecanismos para la exigencia y el rendimiento de cuentas, la capacidad de adaptación, la integridad de los procesos de automatización y la medida en que logre mantenerse al margen (o no) de influencias indebidas que ejerzan actores político-gubernamentales.
A los problemas que comentamos, hay que añadir otros que afectan y se ven afectados por la gestión institucional y sus interacciones con el Poder Ejecutivo. La deuda acumulada del Ministerio de Hacienda, que afecta particularmente al IVM. El menor financiamiento al Régimen de Pensiones No Contributivas. El faltante para pagar licencias de cuido. El deterioro en la atención de personas en condición de calle. El costoso privilegio que implica el complemento de pensión que otorga a sus funcionarios. Estos son algunos de los aspectos más sobresalientes.
Tener claridad de que se requieren soluciones integrales no debe implicar, bajo ningún concepto, sentarse a esperarlas sin atender los desafíos y las urgencias puntuales. Lo que sí requiere es que se aborden como parte de un todo. Solo así los eventuales avances específicos contribuirán a mejoras integrales y, sobre todo, a atender los derechos de los usuarios.