La Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés), contratada para ejecutar obra pública en el país con la promesa de agilidad y buen desempeño, quedó corta en los dos aspectos, y añadió una falta de transparencia totalmente inadmisible. El último capítulo del secretismo es el rechazo de las solicitudes de información formuladas por la Contraloría General de la República sobre la construcción del paso a desnivel en la rotonda de las Garantías Sociales, en Zapote.
El costo de la obra, financiada con fondos públicos costarricenses, es considerable ($17,6 millones), pero la Unops rechaza rendir cuentas porque solo admite la auditoría de la Organización de las Naciones Unidas y pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores “hacer valer” ante la Contraloría sus “privilegios e inmunidades”.
La Contraloría pretende información sobre el contrato, sus variaciones, el control de calidad aplicado a la construcción, las modificaciones practicadas en diseños y materiales y las evaluaciones después de concluido el proyecto. El paso a desnivel también es objeto de escrutinio en el caso Cochinilla, porque supuestamente fue entregado con defectos disimulados por la constructora y la supervisora, con presunta ayuda de funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y de laboratorios de materiales.
La entidad alegó los mismos privilegios para no comparecer ante la comisión legislativa encargada de investigar actos de corrupción en obras viales. El cuestionamiento del paso a desnivel no es el primero lanzado al organismo internacional. La Unops celebra licitaciones y resuelve apelaciones sin el acceso deseable a los expedientes.
La opacidad se justifica como necesaria para agilizar la adjudicación de obras, pero la contratación de la agencia de las Naciones Unidas por el Consejo Nacional de Vialidad no acelera las construcciones ni garantiza fidelidad al costo inicial. Las obras administradas por la Unops sufren los mismos retrasos y desajustes presupuestarios, pero añaden el problema de la confidencialidad de los archivos y la inmunidad de los funcionarios internacionales en el desempeño de sus tareas.
También, hubo un enfrentamiento por el pago de cargas sociales. La Unops alegó estar exenta de las cuotas obrero-patronales, aunque ese costo figuraba en los contratos refrendados por la Contraloría General de la República. Desde el comienzo de sus operaciones en el país, el organismo ha sido centro de polémica. La Contraloría se queja de la falta de transparencia en la administración de los fondos públicos, la industria de la construcción se considera sometida a competencia desleal y las obras no están a tiempo ni cuestan lo presupuestado. Tampoco es factible pedir prueba fehaciente de la calidad, como en el caso del paso a desnivel en la rotonda de las Garantías Sociales.
Parece llegado el momento de declarar fracasado el ensayo iniciado en el 2014. El país debe desarrollar sus propios medios para construir obra pública con celeridad, calidad, transparencia y apego a los presupuestos. La búsqueda de esas virtudes en el extranjero no rindió frutos, por lo menos en el caso de la Unops.
Es preciso reconocerlo, no importa cómo se resuelva el diferendo entre la entidad y la Contraloría. Inicialmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio la razón al organismo internacional. Es probable que la tenga, pero la Contraloría no carece de argumentos. Se trata de cuantiosos fondos públicos invertidos sin certeza de buenos resultados. Si, en efecto, como parece, se imponen los privilegios e inmunidades, la única alternativa es dejar de contratar a la Unops.
