En setiembre del año pasado, las dos cámaras del Congreso mexicano dieron luz verde a una reforma constitucional que introdujo la elección de todos los jueces, en todos los juzgados y tribunales del país, mediante el voto directo de la población. De acuerdo con el plazo otorgado para que entrara en vigencia, mañana, en la primera parte de este proceso, los ciudadanos podrán escoger la mitad de los cargos.
Esta ronda incluye los nueve magistrados a que fue reducida la Corte Suprema de Justicia, magistrados de instancias especializadas –entre ellas electorales y disciplinarias– y 850 jueces federales. También seleccionarán los de miles de jurisdicciones estatales y locales. La próxima se realizará en 2027.
La enmienda a la Constitución, que introdujo un modelo sin precedentes en el mundo, fue impulsada por Andrés Manuel López-Obrador (AMLO), presidente entre 2018 y 2024, como parte de un conjunto de iniciativas destinadas, según su retórica, a impulsar lo que llamó, pretenciosamente, “la cuarta transformación” del país. Quizá haya tenido algo de razón en el término, pero para mal, porque la mayoría de las acciones emprendidas hacia su materialización han sido lamentables, en particular la que comentamos.
Su sucesora, Claudia Sheinbaum, ha tratado de atemperar algunas de las medidas más desacertadas de AMLO, sobre todo en materia de seguridad, energía y economía. Sin embargo, desde el comienzo se unió a él en presentar esta reforma específica como un avance en la democratización y transparencia del Poder Judicial. La verdad es muy distinta.
Más bien, hará retroceder lo que se ha avanzado en 30 años de lentas y laboriosas mejoras en su desempeño, deteriorará la calidad de sus principales operadores, acrecentará la interferencia política en los tribunales y abrirá el portillo a mayor influencia de la delincuencia organizada. Como resultado, golpeará severamente la seguridad jurídica; dará al partido oficial, Morena, un poder aún más hegemónico y, en la práctica, diluirá la separación entre los poderes del Estado.
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Todo esto afectará el desempeño democrático de México y pondrá en riesgo las inversiones y el crecimiento económico, de por sí ya golpeado por la guerra arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.
En 2009, otro cambio constitucional, en Bolivia, introdujo la elección popular de los miembros de su Corte Suprema y los tribunales de más alto rango. El resultado ha sido desastroso, por la aguda politización de esos órganos, que se han convertido en ejes de las trifulcas entre partidos y líderes políticos, con desdén por la integridad y formación de los postulantes; por ello, han perdido credibilidad y eficacia.
En Estados Unidos es común la elección de ciertos jueces y fiscales, aunque de manera acotada, pero incluso así, son parte de las renovadas batallas políticas en un país aquejado por la polarización. No es difícil suponer que al poner a elección todos los cargos judiciales, la necesidad de buscar apoyos y hacer campaña acentuará su politización en México.
Para postularse, ya no es requisito pasar por rigurosos exámenes u oposiciones abiertas, siempre imperfectas y potencialmente manipulables, pero que al menos sirven de filtro. Ahora basta con tener el título de abogado, cinco años de ejercicio, cinco cartas de recomendación y ser avalado por un comité de selección, que apenas realizó entrevistas de minutos a cada uno de los miles de aspirantes. Peor, ese grupo está compuesto por igual número de representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo que las consideraciones políticas son inevitables.
Además, en un país plagado por la inseguridad y con enorme influencia de los carteles del narcotráfico, estos utilizarán las nuevas oportunidades que se les abren para impulsar, financiar y colocar, tanto en instancias estatales como federales, a personas afines. Por ejemplo, una exabogada del conocido capo Joaquín Chapo Guzmán, aspira a ser alcalde en Ciudad Juárez; un candidato a la Corte Suprema se presenta como “el abogado de AMLO”, y entre los 38 candidatos para integrar un comité disciplinario capaz de remover jueces, 10 pertenecen al partido Morena, que tiene supermayoría tanto en la Cámara como en el Senado.
Todo lo anterior reducirá drásticamente no solo la competencia, sino también la independencia de quienes deberán adjudicar justicia, sobre todo en casos críticos, y borrará importantes líneas de defensa judicial en litigios relacionados con el gobierno y poderosos grupos de poder, sean formales o informales. Es muy probable, por desgracia, que los efectos comiencen a sentirse en poco tiempo. El golpe a la justicia es letal.
