Era de sobra conocido que, debido a diferentes discrepancias de los partidos opositores, no existían los votos necesarios para que fuera aprobado el martes 20. Ese día se le vencía el lapso de cuatro años tras el cual los proyectos en la corriente legislativa deben ser archivados. Por esto, la única forma de mantenerlo con vida era aprobarlo o votar para extender la discusión y evitar que caducara.
Ante la falta de apoyo suficiente para lo primero, el oficialismo y la oposición habían llegado a un acuerdo: ampliar el plazo y utilizar ese tiempo para negociar. La intención manifiesta era conciliar un texto que tomara en cuenta las sensibilidades más relevantes de las partes, y proceder entonces a la votación. Una tarea tan necesaria para el país como la reestructuración y modernización del mercado eléctrico debe negociarse con cuidado, no festinarla ni intentar imponerla.
El proyecto del Ejecutivo contenía varios elementos positivos; entre ellos, el establecimiento de un mercado mayorista con un operador independiente, subastas, ruptura de límites a la generación privada y libertad de contratación entre los generadores y grandes consumidores. Así se abrirían las puertas para mayor oferta y, además, se rompería el actual cuasimonopolio integrado verticalmente y controlado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que actúa como juez y parte.
En la actualidad, el ICE es el principal generador, comprador único de energía, dueño de la red de transmisión y encargado de decidir el orden de los despachos. Es un esquema a contrapelo de la eficiencia y la igualdad de condiciones.
Este sistema requiere un cambio sustancial. El proyecto del Ejecutivo abría el camino para avanzar en tal sentido. Sin embargo, proponía una estructura de gobernanza ambigua, muy costosa y sin garantías de independencia técnica. Además, carecía de adecuadas regulaciones para evitar un incremento de tarifas a las familias y las pequeñas y medianas empresas sin músculo negociador.
En síntesis, debía ser modificado para que se convirtiera en un real motor de desarrollo, pero sin perder de vista la equidad y la solidaridad. También era indispensable que contara con un amplio apoyo, tanto político como social. Era la forma de garantizar su estabilidad.
Para lograr lo anterior, las negociaciones resultaban indispensables, y estaban avanzando entre Liberación y Pueblo Soberano, como reconoció el 15 de este mes su subjefe de fracción, Juan Manuel Quesada. Sin embargo, el oficialismo se encargó de descarrilarlas, y quedó en evidencia que, en lugar de llegar a acuerdos, lo que pretendía era crear una escisión en la fracción liberacionista.
El PLN condicionó entonces cualquier arreglo al cese de recortes presupuestarios a las universidades públicas; el PPSO divulgó los términos de las negociaciones que se venían realizando y el proceso se detuvo abruptamente.
A esas alturas era evidente que, para no descarrilarlo totalmente, resultaba necesario ampliar el plazo de discusión. El oficialismo tenía votos suficientes para lograrlo; incluso, era posible que la oposición se sumara a esa decisión. Sin embargo, optó por poner a votación su texto. Como era predecible, fue rechazado.
Lastimosamente, optó por exacerbar el conflicto, generar incertidumbre y perder un tiempo precioso para avanzar en la mejora de nuestro sistema eléctrico.
La presidenta Fernández anunció el pasado miércoles la presentación de una nueva propuesta que, según dijo, podría aprobarse por mayoría simple. Al hacer tal declaración, la emprendió contra la oposición, con sus reiterativas y cansonas acusaciones. A ellas se sumaron, el día anterior, insultos de su ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, contra el jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez.
En síntesis, el gobierno de nuevo apostó al conflicto, no a los acuerdos. Es posible elaborar otro proyecto que no contemple una nueva institución y, por ello, pase con 29 votos. La gran duda es si, más allá de esto, la nueva propuesta corregirá los defectos del original, o si, más bien, los mantendrá o –peor aún– los acentuará.
Gobernar no es solo imponerse con una mayoría; menos, crispar ánimos y romper puentes. Gobernar es hacer lo posible por tomar las mejores decisiones. Y estas requieren, necesariamente, de múltiples aportes y adecuadas interlocuciones, incluida la oposición. Es lo contrario de lo que ha ocurrido.
