El bono demográfico pierde valor desde el 2010 y se agotará en el 2022. Hubo cerca de cuatro décadas para aprovecharlo, pero el país no lo consiguió en grado óptimo. Se trata de los años transcurridos a partir de 1970, en que las tasas de natalidad de décadas anteriores aumentaron la proporción de jóvenes capaces de incorporarse a la población económicamente activa, contribuir al dinamismo económico, al fisco y a los regímenes de pensiones.
Esa población ha envejecido y el descenso de las tasas de natalidad invierte de manera acelerada la proporción de jóvenes y adultos mayores. En 1960, solo el 3% de los costarricenses eran adultos mayores, pero, en el 2060, un 25% de la población estará en ese rango de edad.
La población adulta mayor demandará más servicios de salud y ejercerá presión sobre los regímenes de pensiones, mientras el número de contribuyentes disminuirá de forma paulatina. El equilibrio solo podrá conseguirse con importantes ajustes de las políticas públicas, particularmente en materia de pensiones, y un aumento en la productividad de las personas capaces de trabajar.
La productividad está ligada con la educación y, por eso, los expertos insisten en la necesidad de acelerar los avances en ese campo. Precisamente, el país alcanzó el punto alto del bono demográfico a mediados de los ochenta, cuando apenas comenzaba a salir de la crisis económica de inicios de la década y muchos jóvenes, a quienes se llamó “la generación perdida”, se vieron obligados a abandonar los estudios.
Aquellos jóvenes quedaron, en su mayoría, condenados a trabajos mal remunerados. Carecen de los instrumentos necesarios para sacar ventaja de las nuevas oportunidades abiertas por el desarrollo de la economía nacional. Muchos viven en el hogar paterno, incapaces de independizarse por completo. A partir del 2022 serán parte del antibono demográfico.
Así como en el pasado el pico del bono demográfico coincidió trágicamente con la crisis económica causando daños irreparables, el crecimiento de la población en edad de jubilarse coincide hoy con las dudas creadas por la Superintendencia de Pensiones sobre las posibilidades de sostener los regímenes vigentes, en especial el de Invalidez, Vejez y Muerte, de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Los ajustes parecen inevitables y no hay fórmula posible para mantener la edad de retiro, el monto de las cotizaciones y la cantidad de beneficios. Alguno de esos elementos, o varios en conjunto, deberá variar para garantizar la jubilación del creciente número de adultos mayores. El tema es políticamente sensible y a eso se debe la posposición de las soluciones, pero el tiempo se agota y el próximo Gobierno no podrá librarse de enfrentar la crisis.
Costa Rica no es la excepción. El problema se ha planteado en sociedades más ricas, en muchas de ellas con graves repercusiones políticas. La edad de retiro en esos países, cuya expectativa de vida es similar a la nuestra, ya ronda los 70 años, pero en Costa Rica subsisten los regímenes de pensiones adelantadas, en algunos casos con menos de 60 años.
Luis Rosero Bixby, reconocido experto en demografía, destaca entre “las pocas acciones vigorosas” de los últimos años la creación de las pensiones complementarias mediante la Ley de Protección al Trabajador. “Es casi tan importante como las reformas de los años 40”, afirma el estudioso.
La importancia de esos regímenes para el futuro del país es razón de más para mantener intactas las políticas que estimulan el ahorro, lejos de intentar gravarlo con el impuesto sobre la renta, como se hizo recientemente.
La Asamblea Legislativa haría bien en despejar las dudas subsistentes luego de los fallos judiciales que resolvieron el problema en forma parcial. En sus manos está aprobar la interpretación auténtica destinada a aclarar la voluntad legislativa de eximir los regímenes complementarios del pago de tributos.