La Comisión Económica para América Latina (Cepal), con la participación del Gobierno de la República, publicó un estudio titulado El enfoque de las brechas estructurales: el caso de Costa Rica. ¿Qué entiende por “brechas estructurales”, cuáles se identifican en el estudio y qué propone para cerrarlas?
El enfoque de las brechas estructurales –dice– consiste en identificar los cuellos de botella en las estructuras productivas que impiden a los países de ingreso medio, como el nuestro, lograr niveles de crecimiento equitativo y sostenible. Entre las más importantes se identifican las brechas estructurales de pobreza y desigualdad, educación, productividad e innovación, infraestructura y fiscalidad.
Coincidimos en que la pobreza es uno de los problemas estructurales más complejos que afectan a la economía nacional, especialmente la pobreza extrema, y que combatirla se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades. Se relaciona muy directamente con el desempleo –sin trabajo, las posibilidades de superar la pobreza son casi nulas– y, en Costa Rica, el índice de desempleo abierto se ha mantenido obstinadamente alrededor del 10% de la fuerza laboral, a pesar del repunte en la tasa de crecimiento económico. Pero los índices de desempleo en los grupos de extrema pobreza, especialmente de jefas de hogar, son mucho más pronunciados y alcanzan el 57%.
Entre los causantes o determinantes de la pobreza extrema, el informe señala “el mercado laboral excluyente para las personas pobres”. En eso no coincidimos. El mercado laboral, aquí y en cualquier parte del mundo, refleja la demanda de las empresas para producir los bienes y servicios que solicitan los consumidores, y la oferta de trabajo refleja la disponibilidad y calificaciones de los trabajadores. En ese sentido, el mercado laboral no es incluyente ni excluyente, pues refleja los niveles de equilibrio en cualquier economía de mercado. No es el mercado el que excluye a los trabajadores con menos preparación o habilidades, sino que esa parte de la oferta laboral no suple lo que el mercado demanda en el momento histórico. Y de ahí se deriva una conclusión fundamental: para que los desempleados más pobres encuentren ocupación deberán ser entrenados o reentrenados –función que corresponde al Estado– en vez de intervenir el mercado forzando a los empleadores a absorberlos. Las relaciones de causalidad en el informe no están bien identificadas.
El informe se inclina por señalar que la política de salarios mínimos, que califica de “restrictiva” y ajena a los aumentos de productividad, es parcialmente responsable de la desigualdad. En eso también diferimos. Forzar salarios ajenos al mercado más bien produce desempleo que, a su vez, aumenta la pobreza y desigualdad. Los salarios crecen mejor en términos reales cuando la producción se expande a tasas elevadas y sostenidas, y los ingresos de los más pobres suben en términos reales conforme mejore su capacitación. Pero, en todo caso, mantener una baja inflación es fundamental para preservar el valor adquisitivo, aspecto esencial ausente en el estudio.
En educación, vemos un valioso diagnóstico de los problemas actuales, pero insuficiente claridad en las soluciones. El informe señala con propiedad que para mejorar la educación, el énfasis debe migrar del análisis meramente presupuestario de cuánto se gasta en educación –monto que ha crecido significativamente en los últimos años tras la reforma constitucional– a otro de resultados. En alguna oportunidad hemos dicho que poco se gana con aumentar los gastos en planilla si no se traducen en mejor rendimiento de los educandos y los propios educadores. Los resultados insuficientes de las pruebas internacionales PISA señalan que la fuerza laboral costarricense no está siendo lo suficientemente bien educada para satisfacer la competencia internacional ni los requerimientos de los sectores más dinámicos de la producción, a pesar del fuerte aumento presupuestario. Por otra parte, llama la atención la reticencia a mencionar la educación dual como una salida válida para mejorar la formación y facilitar la inserción de jóvenes en el mercado laboral.
Al analizar la productividad e innovación, el informe se concentra en la fuerza laboral costarricense. Coincidimos en que este sector tan importante debe capacitarse más adecuadamente, sobre todo mediante una mejor y más focalizada educación práctica. Pero la productividad es un aspecto mucho más comprensivo que la fuerza laboral y, en eso, el actual gobierno ha quedado moroso. El parámetro correcto para juzgar qué hacer, y cómo, deberían ser los pilares relativos al ranquin internacional identificados por el Foro Económico Mundial, donde no hemos salido bien parados y, en el plano interno, los detallados informes de la Unión de Cámaras y de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Se debe mejorar la productividad total de la economía, incluida la de los trabajadores, para poder competir más exitosamente en el mercado mundial y, por esa vía, mejorar el empleo, los salarios y los niveles de pobreza. Sobre la innovación, coincidimos plenamente con el informe en la urgente necesidad de incrementar los gastos en investigación y desarrollo, como hacen los países con que competimos.
En materia fiscal, también tenemos concordancias y divergencias. El creciente déficit financiero registrado en los últimos años ha generado un peligroso saldo de la deuda pública, que podría ascender a un 60% del PIB al cabo de pocos años, señala bien el estudio. También, es importante redistribuir los gastos presupuestarios para privilegiar la inversión sobre las erogaciones corrientes que se sacrifican invariablemente en todo ejercicio de frugalidad. El país debe recobrar pronto una situación de superávit primario (sin incluir intereses) para parar el deterioro. Pero el informe indica, a manera de conclusión, que al priorizar la forma de reducir la brecha fiscal y sus determinantes “las reformas se deberían centrar en el lado de los ingresos tributarios”. Creemos que las prioridades deberían establecerse al revés: reducir el gasto primero, y en mayor proporción, que cualquier aumento de impuestos. Así lo hemos sugerido reiteradamente en editoriales anteriores.