La transformación en el mercado laboral exige cambios en muchas instituciones, los cuales incidirán en el desarrollo socioeconómico, principalmente en las oportunidades de empleo y la calidad de vida de los costarricenses.
La disminución dramática de la natalidad y la mayor longevidad son desafíos que deben evaluarse con seriedad para tomar las medidas necesarias con miras a salir menos afectados.
Asimismo, la reducción en el número de matrimonios genera nuevas demandas de espacios más pequeños donde vivir, mayor compactación de los centros urbanos, nuevos hospitales geriátricos, parques urbanos y modelos de vivienda distintos para los actuales y futuros retirados.
Las mascotas son ahora parte fundamental de nuestros hogares y el transporte público debe facilitar su movilización. Es necesario dejar atrás la falta de planificación urbana y construir ciudades con zonas para caminar.
Estamos en una nueva era en la cual la ciudadanía de la tercera edad ocupa un sitio especial y las familias multifacéticas ganan terreno. Se impone ser pacientes y respetuosos para convivir como sociedad.
El decrecimiento de la población y la reducción de la tasa de mortalidad, que pasó del 2,8% en la década de los años 60 a menos del 1% en este siglo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), es un cambio demográfico clave.
De una población con una edad promedio de 18 años en la década de los 70, pasamos a que, en la actualidad, las personas mayores de 65 años representen el 20%.
A este fenómeno de envejecimiento debemos agregar los de la migración y la diversidad poblacional. Hoy, más del 10% de la población residente es extranjera, lo que ha generado diversidad cultural y laboral.
Los múltiples y costosos trámites migratorios han derivado en una creciente informalidad, a pesar de los diversos programas y estímulos.
Reformas impostergables
La demografía y la informalidad están relacionadas con el desarrollo, por lo que debemos actuar con mejores programas de capacitación y apoyo social de manera rápida, si queremos evitar que nuestro modelo social se siga resquebrajando.
La estabilidad social depende de la paz y de la sostenibilidad de los múltiples programas sociales que creamos para otra realidad económica y social.
Antes de impulsar iniciativas sociales, debemos pedir cuentas sobre costos y resultados de cada institución y programa. No podemos seguir sin rumbo y con ocurrencias. Hay instituciones en las que el costo administrativo es millonario y los resultados son muy pobres; además, tampoco logran cambiar nuestra situación social y económica.
Debemos tomar conciencia de que la falta de oportunidades y de calidad en la educación provoca un aumento en la violencia y en la deserción escolar. El país necesita tanto operarios como directores; por lo tanto, los centros de enseñanza deben estar alineados con esta demanda.
Costa Rica apostó por la educación y abolió el ejército; sin embargo, la educación ha perdido calidad, responsabilidad y capacidad de transformación. Alimentamos los sindicatos con la expectativa de que garantizaran estabilidad laboral y mayor productividad, siempre pensando en los usuarios y no solo en los beneficios propios.
Pero las instituciones no innovan y la burocracia es cara e improductiva. Nuestra triste realidad es no haber podido vencer la pobreza, que afecta a 390.000 hogares.
El futuro de las pensiones
Si no logramos cambiar nuestra informalidad, reducir las desigualdades y crecer económicamente un 7%, caeremos en pocos años en la insolvencia.
Los sistemas de pensiones, como los de expresidentes, Hacienda, bancos, educadores, el Poder Judicial, universidades públicas y los asegurados por la CCSS, así como el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), deberán buscar soluciones a corto plazo para su sostenibilidad y evitar que una juventud trabajadora siga siendo el soporte de un Estado y una sociedad que no han querido encontrar una solución de largo plazo.
Algo debemos hacer, comenzando por la transparencia y la información. Es un problema nacional que debe estar en la agenda de este y del próximo gobierno.
En pocos años, no habrá recursos para el retiro, pero seguimos manteniendo regímenes de privilegio que son insostenibles, salvo que se aumente la edad de jubilación y la cotización o se combine una pensión mínima estatal con el ahorro individual voluntario y aportes obligatorios.
Otra medida es controlar la morosidad personal y la evasión mediante el fortalecimiento de la fiscalización, la simplificación de trámites y la mejora en los mecanismos de control.
Es preciso ajustar el cálculo de las pensiones con base en lo aportado y no en prebendas obtenidas mediante la presión de grupos.
Se necesitan incentivos para la formalización del empleo y educación financiera para el ahorro a largo plazo.
La CCSS y los demás fondos de pensiones deben ser muy transparentes en el manejo de los recursos: ingresos, gastos, proyecciones, supervisión y gestión. Además, deben estar libres de presiones políticas y conflictos de intereses.
La CCSS, al igual que cualquier otro fondo de retiro, debe ser auditada por una autoridad superior, como el Consejo de Supervisión de Pensiones.
Se calcula que, a partir del 2035, los ingresos por cotizaciones no serán suficientes para cubrir los egresos y que, en 2047, las reservas del IVM se agotarán. En 1970, había 30 cotizantes por cada pensionado; en 2023, la cifra bajó a 5,1 y, en 2050, se prevé que serán 2,48.
No podemos seguir posponiendo las decisiones. Es urgente garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Será necesario aumentar la edad de jubilación, incrementar las cotizaciones, eliminar los adelantos y evitar una crisis.
Tampoco podemos posponer la revisión de las pensiones de lujo. Y, a la vez, es crucial fomentar la formalidad, diversificar las fuentes de financiamiento, instituir la educación financiera y tomar conciencia de que debemos crear un fondo de retiro individual si queremos tener una vida plena.
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Jorge Woodbridge es ingeniero.
