Plebiscito en Chile: de la ilusión a la duda

Si en 1988 la opción de fondo era sí o no —para decidir si el dictador Pinochet debía continuar en el poder—, la pregunta hoy es si se aprueba o rechaza el nuevo texto constitucional.

Este proceso constituyente se ha convertido en un hito democrático con características únicas dentro y fuera de Chile. Es el resultado de un acuerdo transversal, firmado por casi la totalidad de las fuerzas políticas el 15 de noviembre del 2019, con el objetivo de reconducir institucionalmente la grave crisis político-social que había estallado el mes previo.

Al año siguiente, el 25 de octubre del 2020, tuvo lugar el plebiscito de entrada, en el que los chilenos expresaron su claro apoyo (cercano al 80%) a la redacción de una nueva constitución que sustituya la de 1980 —aprobada durante la dictadura militar con numerosas reformas, sobre todo, las del 2005— y que el nuevo texto fuera elaborado por una asamblea constituyente 100% elegida por los ciudadanos.

Dos años después, este amplio consenso a favor de un nuevo texto sufre un marcado desgaste y la aprobación está en riesgo. Las razones son varias. Por un lado, el proceso de elaboración no estuvo exento de baches, hubo convencionales que no estuvieron a la altura de lo que exigía la ciudadanía.

Por el otro, algunos sectores leyeron el momento como una oportunidad para imponer agendas personales, en detrimento de una constitución que fuera vista como “la casa de todos”.

Pese a estas limitaciones, tanto el proceso constituyente como el texto propuesto contienen elementos muy valiosos e innovadores. Respecto de lo primero, cabe resaltar la integración de la convención constitucional, la única en el mundo con paridad de género (78 hombres y 77 mujeres) y amplia representación de los pueblos originarios (17 escaños reservados).

En relación con lo segundo, incorpora la definición de Chile como “un Estado social y democrático de derecho (…) plurinacional, intercultural, regional y ecológico”; e introduce mecanismos de democracia directa, dirigidos a aumentar la participación ciudadana en la toma de decisiones; la desconcentración del poder por la vía de la regionalización; el reconocimiento de una amplia gama de derechos sociales (salud y educación públicas gratuitas y de calidad, entre otros, que fueron parte de los principales reclamos de las protestas del 2019); la protección de los derechos de la naturaleza frente al actuar de los seres humanos; y el reconocimiento de los derechos digitales con el fin de democratizar el acceso a las nuevas tecnologías.

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Polarización y campaña de desinformación

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La campaña en estas últimas semanas se ha caracterizado por una enorme polarización y la agresividad, agravadas por una fuerte crispación, consecuencia de la proliferación de fake news y de campañas de desinformación y contaminación informativa.

El rechazo, según todas la encuestas, aventaja al apruebo por una diferencia de entre 8 y 10 puntos. De cumplirse los vaticinios de los sondeos, Chile podría convertirse en el primer país del mundo donde el texto elaborado por una asamblea constituyente no es aprobado. Pero no hay que descartar una sorpresa, como la del brexit y los acuerdos de paz en Colombia.

Asimismo, la decisión de llevar a cabo este plebiscito de salida con voto obligatorio (a diferencia del de entrada, con voto voluntario) añade un factor de incertidumbre no menor. No hay claridad acerca de cuántos y quiénes de los más de 15 millones de electores habilitados para sufragar acudirán a las urnas ni de cómo votarán, pero seguramente la participación será mayor que en las últimas elecciones.

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es con qué margen de diferencia ganará el apruebo o el rechazo, ya que ello impactará en las decisiones posplebiscito.

Más allá de los resultados, lo que no está en discusión es que el proceso constituyente no termina este domingo. Existe consenso en que a partir del lunes se abre un segundo tiempo marcado por dos rutas diferentes en función de cuál sea la opción ganadora.

Si triunfa el apruebo, existe un acuerdo de introducir reformas en la nueva carta política en varios aspectos (plurinacionalidad, derechos sociales, sistema político, seguridad y poder judicial) y se iniciará una compleja puesta en funcionamiento de la nueva constitución.

Si en cambio se impone el rechazo, habrá que buscar un mecanismo similar al actual, pero mejorado y más expedito, para cumplir el mandato ciudadano de dotar a Chile de una nueva constitución.

Efecto para el gobierno de Boric

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Existe, asimismo, un creciente sentimiento en numerosos sectores de que, con independencia del resultado, es urgente alcanzar acuerdos de base ancha que permitan normalizar y estabilizar el país y avanzar rápidamente hacia la aprobación de un nuevo texto constitucional que cuente con amplio consenso.

La magnitud de la polarización y la incertidumbre que aquejan a Chile y su impacto negativo en la economía (un 58% considera la situación económica mala) y en la marcha del país (un 53% considera que el país retrocede) se agravan debido a la situación mundial, ponen presión para arribar a la concertación no solo en materia constitucional, sino también en relación con otras reformas de gran impacto, como la tributaria y la de pensiones.

Adicional a lo anterior, es probable que el presidente Gabriel Boric lleve a cabo en los próximos días un ajuste de gabinete con el propósito de oxigenar su gobierno y aumentar su popularidad. A escasos seis meses de haber asumido el cargo, su aprobación cayó al 37% y su desaprobación subió al 51% (encuesta Criteria). Un triunfo del rechazo podría debilitarlo aún más.

Los ojos de Latinoamérica están puestos en el resultado de este plebiscito, enmarcado en un proceso constituyente nunca visto que, de resultar exitoso, podría convertirse en una hoja de ruta para otros países de la región que ven con atención el derrotero escogido por Chile.

@Zovatto55

El autor es director regional de IDEA Internacional.