La reforma al Código Municipal que limita la reelección consecutiva de los alcaldes, avalada el miércoles por la Sala Constitucional, es la recarga estructural más importante que ha recibido nuestra democracia en mucho tiempo.
Su impacto directo será local, porque impulsará la renovación de la representación municipal, y esto, a su vez, creará condiciones para una mejor gobernabilidad. Sin embargo, los posibles efectos del cambio van mucho más allá. Al propiciar la rotación de los liderazgos cantonales, tendrá un efecto nacional positivo: en la organización y balance de poder de los partidos, sobre todo los dos con mayor trayectoria y número de alcaldías: el PLN y el PUSC.
La reforma limita a dos períodos consecutivos cualquier cargo de elección municipal; sin embargo, mientras a los vicealcaldes, regidores, síndicos e intendentes les abre la posibilidad de postularse de inmediato a otras posiciones, los alcaldes solo podrán hacerlo ocho años después de dejar el cargo. De esta manera, su capacidad para formar y controlar oligarquías políticas locales, como ha ocurrido en muchos casos, se reducirá sustancialmente. En cambio, se abrirán mayores posibilidades para la oxigenación política y, potencialmente, mayor involucramiento ciudadano.