Una cosa es realizar un “operativo” contra la delincuencia en barrios críticos de Puntarenas; otra, diseñar y ejecutar una estrategia sólida y multisectorial de seguridad (la única eficaz a mediano plazo). Una cosa es prometer la lucha contra la corrupción; otra, impulsar los proyectos de ley, la transparencia y las reformas institucionales para contenerla en serio.
En síntesis, una cosa son los anuncios, los golpes de efecto y las acciones puntuales (incluso buenas); otra, el desarrollo de política pública para lograr los fines planteados con sustento y continuidad. Esto último, que también podríamos decir sobre el transporte, la infraestructura, la desigualdad, el empleo o la educación, nos ha faltado en el país. El problema es crónico, pero todo indica que se está agudizando en esta administración.
Resulta que, a pesar del ruido, aún existen miles de mamografías sin descifrar, y nada garantiza que las nuevas necesidades se atiendan a tiempo; que los recursos antifraude de Hacienda son mínimos y su credibilidad cayó por el escándalo fallido; que enero ha sido el mes con más homicidios en la historia y aún esperamos la estrategia de seguridad; y que en el 2022 retrocedimos una década en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional: algo se hizo mal y no parece existir un plan riguroso (legal y administrativo) para mejorar.
Entre tanto, a excepción, por ahora, de la contención del gasto y el impulso al comercio exterior (en lo bueno) y de los ataques a otros poderes (en lo malo), no se perciben líneas claras de gestión ejecutiva. Prevalece un frenesí mediático extremo, la exacerbación del conflicto y la ruptura de puentes hacia soluciones serias, es decir, espuma que distraiga, no sustancia que alimente. Mientras sigan tales delirios, se acentuará el descuido de lo sustancial, porque para avanzar en soluciones se requieren intenciones, rigor y disciplina distintos a los actuales.
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