El Ministerio Público desestimó, desde el pasado 2 de enero, el expediente 22-00070-621-PE sobre una supuesto “megacaso” de evasión fiscal en el que figuraban el Banco BCT, así como el socio y fundador de la entidad financiera, Leonel Baruch Goldberg.
De hecho, la Fiscalía General de la República informó desde el 9 de enero a Mario Ramos, director de Tributación, de que la denuncia por delito de fraude a la Hacienda Pública se había desestimado, según consta en el oficio FADETA N° 05-2023.
Aún así, el pasado jueves tanto Ramos como Nogui Acosta, ministro de Hacienda, convocaron a una conferencia de prensa para señalar, con base en una denuncia anónima, una supuesta evasión por ¢11.000 millones efectuada por el banco entre el 2008 y el 2015.
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Un documento enviado por el Ministerio Público a Ramos, brindado este viernes por el Banco BCT a La Nación, detalla: “Se notifica la solicitud de desestimación que está siendo elevada al Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, a favor de representantes de 22-000070-621-PE, a los cuales se les siguió causa en esta Fiscalía por el delito de Fraude a la Hacienda Pública en perjuicio de la Hacienda Pública, bajo el expediente número 22-000070-621-PE”.
Dicho documento lo firma Selene Salas Aguilar, fiscal auxiliar de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros.
La Nación consultó, vía WhatsApp, a Nogui Acosta sobre las razones para referirse a ese caso en la actividad del jueves si la Fiscalía había notificado la desestimación.
Su respuesta fue: “El objetivo de la conferencia de prensa era informar sobre un cambio en la estrategia de lucha contra la evasión y se enumeraron tres casos de denuncias trasladadas al Ministerio Público. Las gestiones de la Fiscalía y las decisiones de los jueces determinan el proceso penal de cada uno de ellos”.
El jerarca añadió que, al momento de presentarse ante los periodistas, no tenía conocimiento de la decisión comunicada por la Fiscalía el 9 de enero al director de Tributación, quien el pasado jueves se encontraba sentado justo al lado suyo.
A la 1:45 p. m. de este viernes, la Oficina de Prensa del Ministerio Público (OP) envió una corrección sobre este caso donde “aclara que la causa 22-000070-0621-PE se encuentra con solicitud de desestimación en el Juzgado Penal, y, por consiguiente, no se encuentra en trámite o en investigación, como incorrectamente se informó ante consultas varias de medios de comunicación”.
Explicó que la causa del error se dio porque, aunque la Fiscalía Adjunta de Económicos, Tributarios y Propiedad Intelectual facilitó la información de manera correcta, “por una errónea interpretación de una funcionaria de la OP, se omitió informar que el expediente ya no se encuentra en el despacho del Ministerio Público”.
La Oficina de Prensa, agrega el comunicado, “lamenta la afectación que pudo haber causado la imprecisión de los datos e informa que ya se tomaron las acciones disciplinarias correspondientes”.
‘Informaré de acciones legales’
Leonel Baruch Goldberg, socio y presidente de la Corporación BCT, cuestionó en un comunicado de prensa las acciones denunciadas por Hacienda en su contra.
“No he cometido delito alguno y oportunamente informaré de las acciones legales a tomar ante este semejante atropello”, manifestó el banquero.
Por su parte, Álvaro Saborío de Rocafort, vicepresidente ejecutivo del Grupo Financiero BCT, indicó que tal y como lo manifestaron desde este jueves, rechazan las acusaciones de los jerarcas de Hacienda por falsas y tendenciosas.
“Hemos cumplido y continuaremos cumpliendo con todas nuestras obligaciones tributarias de conformidad con lo que establece la legislación”, apuntó.
Convocatoria por ‘megacasos’
Desde el miércoles 18 de enero, el Ministerio de Hacienda convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para presentar lo que denominó como “megacasos” de evasión fiscal y anunciar las acciones a seguir.
El encuentro con los periodistas se realizó al día siguiente, en la sede de Hacienda. Poco después de las 10 a. m., el ministro Nogui Acosta y el director de Tributación, Mario Ramos, iniciaron una presentación que fue transmitida en vivo en la página de Facebook de dicha cartera.
Durante su intervención, ambos anunciaron la decisión de enviar a la Fiscalía casos de evasión fiscal superiores a 500 salarios base (¢230 millones) e hicieron una enumeración de casos que se encuentran activos y otros que se planea enviar antes del 15 de febrero.
Luego, se refirieron en detalle a tres “megacasos”, pero hicieron especial énfasis en uno que, según manifestaron, fue originado por una denuncia anónima que llegó a Hacienda en setiembre del 2022 y que fue enviado a la Fiscalía.
El director de Tributación sostuvo que, por medio de transacciones a entre empresas en Costa Rica y Panamá, una persona jurídica habría movido $65 millones entre el 2008 y el 2015 para crear un escudo fiscal y, de esa forma, evadir el pago de ¢11.000 millones del impuesto sobre dividendos.
“La interposición de sociedades para evitar el pago de dividendos es una maniobra que el Ministerio de Hacienda conoce. Entonces, procedimos a remitir esta denuncia como noticia criminis por tratarse de una cifra tan escandalosamente grande.
“La acción administrativa no tenemos potestad para hacerla, pero el Ministerio Público sí tiene la potestad para hacerlo de acuerdo con el Código Penal y Código Procesal Penal”, aseguró Ramos.
Ante consultas de periodistas, el ministro indicó que el asunto tenía que ver con un banco privado sin detallar su nombre. Sin embargo, durante la transmisión de la conferencia varios usuarios mencionaron al BCT, a Leonel Baruch y al medio digital CRHoy, también propiedad del banquero.
“Hizo una maniobra fraudulenta con la cual defraudó al fisco en alrededor de ¢11.000 millones. Esta maniobra representó para las costarricenses 1.297 soluciones de vivienda que no se hicieron, más de 23.000 becas de Avancemos que no se dieron y, por eso, el Ministerio de Hacienda trasladó este caso al Ministerio Público”, aseveró el jerarca.
Este viernes, en el programa Hablando claro, de radio Columbia, a una pregunta de la periodista Vilma Ibarra, Acosta manifestó que pese a tratarse de una denuncia anónima, la misma era válida porque en la misma se aportaba “prueba”.
