Coincido en lo siguiente: el gobierno no ha divulgado una hoja de ruta macroeconómica clara ni sus propuestas al FMI, ha dado señales inquietantes sobre el manejo del gasto público, ha “jugado de chapitas” (para usar la expresión presidencial) con la agenda legislativa y carece de norte claro en materia de cambios estructurales. También coincido en la afirmación del economista Carlos Palma, ante la Comisión de Asuntos Económicos, que tramita el pedido: los intereses están al alza, por lo cual no es sensato esperar que, de salir al mercado con nuevas emisiones, lograremos condiciones sustancialmente mejores que las actuales.
Para complicar la cosa, el presidente Chaves cometió un exabrupto retórico que irritó a los diputados, con razón, mientras la jefa de la fracción oficialista ensayó un peligroso discurso que vulnera la legitimidad legislativa, algo peor.
Sin embargo, nada de lo anterior justifica poner patas arriba y pretender desarticular el proyecto, heredado de la administración anterior, para que la Asamblea Legislativa autorice una emisión de deuda externa (eurobonos) por $6.000 millones, a razón de $1.500 millones cada año a partir del 2023. Esa autorización es clave para pagar, en términos marginalmente mejores, vencimientos de deuda que tocan a la puerta, para mejorar la estructura de nuestros pasivos, ampliar sus plazos y dar estabilidad a los flujos financieros. Por esto, debe aprobarse con claros lineamientos y controles, no segmentarse o descarrilarse para impulsar fines de distinta índole, aunque sean justificados.