EscucharEl trágico suceso del secuestro de la niña, hija de una adolescente madre de 13 años, permite múltiples reflexiones, pero pienso que dos son centrales.
La primera de ellas es que, a pesar de contar con una sólida legislación para la protección de niños y adolescentes, salen a la luz serias fallas, particularmente, en la coordinación interinstitucional.
Son hechos denotativos de que en unas se aplican protocolos, pero el seguimiento de cada caso se diluye al presumir que ya fue referido a la instancia que debe continuar la siguiente intervención. Además, queda al desnudo que las entidades a cargo de dar protección a la niñez y adolescencia en lo social (PANI), en salud (CCSS), en lo escolar (MEP) y lo judicial (Ministerio Público) se desdibujan a causa de serios problemas de coordinación y por el burnout (desgaste) de los funcionarios, sobrepasados por el deterioro real de las condiciones sociales, que producen a su vez un crecimiento exponencial de la demanda.
El mejor homenaje que como sociedad debemos hacer a esta niña y a su adolescente madre debería ser replantear el sistema nacional de protección infantojuvenil, particularmente, en las graves debilidades de descoordinación y en la limitación de personal para dar respuestas efectivas y eficientes.
No hacerlo implica seguir escondiendo la basura debajo de la alfombra, pensar que con solo enunciados legales van a resolverse situaciones de tal naturaleza. Evidentemente, como ocurre en el tratamiento de la violencia en general, dar respuestas represivas solamente e ignorar el contexto social deteriorado nos aleja de la comprensión del problema y de las urgentes soluciones estructurales.
Precisión
La segunda reflexión se relaciona con la precisión del lenguaje, que tiene repercusiones en lo social. Decir en los medios de comunicación que se trata del embarazo de una niña desenfoca el qué y el cómo deben hacerse las cosas.
En el caso particular, la madre no es una niña, sino una adolescente temprana. Esto, porque se acostumbra a dividir la adolescencia en tres etapas. La primera, de los 10 a los 13 años; la segunda, de los 14 a los 16 años; y la última, de los 17 a los 19 años de edad.
La primera etapa se caracteriza porque en ella se concentran los más significativos cambios físicos, incluida la maduración sexual física y que en su conjunto llamamos pubertad.
¿Por qué es importante la precisión? Porque contribuye a identificar el momento del ciclo de vida en que se produce el delito e identificar las fallas existentes en la protección. Además, no identificar a esta madre como adolescente coadyuva a la invisibilización social de la población adolescente, cuyo histórico abandono se tradujo en el empeoramiento de la cobertura y la calidad de la educación, de la atención sanitaria y de la protección.
No es casual que el mayor incremento de las tasas de intentos de suicidio y los suicidios mismos ocurran entre los adolescentes de 10 a 19 años.
Descoordinación
En el mismo sentido, cuando analizamos las causas de la gran disminución del embarazo adolescente en los últimos 10 años, que bajó de un aproximado del 18 % a un 9 % del total de los partos, cuatro acciones descoordinadas tienen el mayor impacto: la puesta en marcha del Programa de Sexualidad y Afectividad del MEP; el proyecto Mesoamericano de Prevención del Embarazo Adolescente, ejecutado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con participación intersectorial, que dio acceso a novedosos anticonceptivos de larga acción, como los implantes subdérmicos; y la ley contra las uniones impropias y el programa de atención a adolescentes madres del PANI.
Todos estos programas surgen por separado, no como una estrategia del país, pero su efecto es de gran alcance. Podríamos imaginar lo que conseguiríamos si existiera la coordinación.
En el caso de la adolescente madre que comento, la violación ocurrió en la etapa en que debería estar asistiendo a la escuela, pues tenía 12 años, y aquí el Programa de Sexualidad y Afectividad es más débil y menos sistematizado, porque en el primer año de colegio se aplica integralmente.
A esta edad, como mencioné, es cuando se están dando aceleradamente los cambios físicos (pubertad) y cuando debe ser prioritario acompañar el proceso con información protectora, que es uno de los fines del programa de sexualidad del MEP, por lo que este debería ser ejecutado desde la primaria, como una bien demostrada medida de protección.
Si la familia, la comunidad y las instituciones fallan, urge el necesario debate nacional acerca de las medidas y cambios que debemos hacer para dar respuesta a las desatendidas y negligentemente abandonadas necesidades de la población adolescente y, como parte de esto, reducir aún más el embarazo adolescente, particularmente, lo que el editorial del 22 de abril de La Nación llamó “vergüenza nacional”, que son los más de 200 embarazos anuales en menores de 15 años.
LEA MÁS: Señalamientos arrecian sobre el PANI por caso de niña embarazada
LEA MÁS: MEP denunció al PANI caso de menor embarazada desde abril de 2022
LEA MÁS: Fiscal general admite errores en investigación de niña violada
Alberto Morales Bejarano es médico pediatra, fue fundador de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños y su director durante 30 años. Siga a Alberto Morales en Facebook.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/7AOGETQA6ZD3HE537V3VJCYMMA.jpg)
Keibril Amira García Amador, de 9 meses, fue secuestrada el 9 de abril. (Rafael Pacheco Granados)
