La propuesta es variada, con un componente mínimo de la parte del gasto. Propone cierta flexibilización a la regla fiscal, para permitir más gasto en algunas instituciones. También incluye medidas para reducir el peso del gasto de intereses de la deuda pública. Destaca, entre ellas, una reforma constitucional para autorizar al gobierno que pueda emitir deuda externa sin la autorización previa de la Asamblea Legislativa (de la misma forma que ahora se hace con la deuda interna).
El resto de la estrategia, lo más fuerte, se centra en propuestas de índole tributario.
La intención, según el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, es la de aprovechar la coyuntura política de que no estamos en crisis, para plantear una reforma estructural. No pretende ir detrás de un aumento de impuestos, tal y como han perseguido la mayoría de las reformas tributarias propuestas en los últimos veinte años, sino dice tener la intención pura de mejorar la eficiencia y la equidad tributarias.
De ahí que propone reducir las exoneraciones, racionalizar la valoración de vehículos para el marchamo, y cambiar, sustancialmente, el impuesto sobre la renta, transformándolo en uno que sea global y mundial a la vez. También hay propuestas de eficiencia recaudatoria, que le darían más “dientes” a tributación para que luche con más fuerza contra la evasión.
Visto así, la estrategia, en términos generales, pareciera que va en la dirección correcta: buscar una mejora de la estructura de nuestro complicado sistema tributario, para hacerlo más eficiente y justo.
La propuesta del gobierno incluye, también, algunos nuevos impuestos, y aumentos en tasas impositivas para otros. Esto, junto con las pretendidas mejoras estructurales, apuntan a que el resultado final será un aumento, no despreciable, de impuestos recolectados por el fisco.
La estrategia fiscal presentada por el gobierno termina siendo, en realidad, una estrategia tributaria. Aumenta la recaudación, sin presentar cambios importantes para mejorar la calidad del gasto. Le lava aún más la voluntad a los costarricenses de pagar impuestos, y, con ello, se hace más difícil lograr el objetivo de que los evasores dejen de evadir, y de que los informales se formalicen.
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El autor es economista.
