EscucharEn 1976, se firmó la primera convención colectiva de trabajo entre la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Sindicato de Empleados Universitarios (Sindeu). Desde entonces, este acuerdo laboral se ha mantenido vigente.
A lo largo de sus 41 años, la convención ha posibilitado que los docentes interinos y, sobre todo, los empleados administrativos, amplíen sus beneficios; pero la UCR ha rechazado otorgar derechos electorales a estas dos categorías de trabajadores, algo que les daría una influencia decisiva en los comicios universitarios.
El siempre delicado balance entre responsabilidad administrativa e incentivos para los trabajadores se rompió en el año 2009, cuando el Consejo Universitario elevó las anualidades (un plus salarial automático que se paga todos los años independientemente del desempeño laboral) del 3 % al 5,5 %.
Finanzas. La decisión del Consejo fue tomada en un momento en el que, como resultado de diversos factores, se acordaron una serie de medidas para mejorar los ingresos de los empleados públicos, en particular de maestros de escuela y profesores de colegio.
Fue precisamente para no quedar en una posición desventajosa en el mercado laboral educativo que el Consejo incrementó la anualidad, sin considerar debidamente cómo ese aumento podía impactar a corto plazo las finanzas universitarias.
Desde el 2013, en la UCR se comenzó a debatir sobre ese impacto, con base en un informe de la Oficina de Contraloría Universitaria; pero no fue hasta agosto del 2015, que el rector Henning Jensen, con el apoyo de la mitad del Consejo Universitario, se pronunció a favor de reducir la anualidad al 3 % que tenía originalmente.
Expediente. Con ese pronunciamiento, Jensen apostó por una arriesgada estrategia política basada en la responsabilidad administrativa, con vistas a su reelección en los próximos comicios para la Rectoría, a efectuarse en abril del 2016.
Al manifestarse a favor de reducir la anualidad, iba a tener en contra al Sindeu, a la mayoría de los empleados administrativos, a los académicos interinos y a los sectores estudiantiles de izquierda; pero podía ganar un respaldo decisivo entre los profesores propietarios, que constituían alrededor del 75 % del electorado.
Su estrategia fue exitosa, ya que logró reelegirse; pero, tras el triunfo, Jensen decidió prescindir, para su segundo período, de la colaboración de personas muy cercanas. Con esto, en vez de consolidar la fuerza de su principal grupo de apoyo, lo fisuró y, de manera completamente innecesaria, creó un nuevo y peligroso frente de oposición.
En los días posteriores a la reelección, se formó un expediente sobre los nombramientos de la hija de Jensen en la UCR y se documentó el respaldo presupuestario que él les dio.
Misiles. Pronto, el caso de la hija del rector se hizo público y el Sindeu se sumó a la denuncia, por lo que Jensen sugirió que las acciones contra él obedecían a que no había ocultado su intención de renegociar la convención colectiva.
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Aunque sus partidarios hicieron todo lo posible por evitarlo, el respaldo para Jensen se deterioró, especialmente después de que, en un informe de agosto del 2016, la Oficina de Contraloría Universitaria resolvió que el rector había aprobado los presupuestos para los nombramientos de su hija, “a pesar de encontrarse ante una causa de impedimento”.
El Consejo Universitario, tras analizar el informe de esa Contraloría, decidió archivarlo y, con base en un pronunciamiento de la Oficina Jurídica, reconoció una condición de inmunidad administrativa a favor de Jensen. Al proceder así, el Consejo proporcionó al Sindeu todo un arsenal de misiles de largo alcance para atacar la credibilidad y la legitimidad del rector.
Deterioro. Si bien a nadie se le ocurrió hacer una encuesta para determinar cómo el escándalo afectó el respaldo hacia Jensen, es posible calcular su impacto indirectamente. El 31 de agosto del 2016, el Semanario Universidad publicó un campo pagado de dos páginas, en el que 478 personas se manifestaron a favor del rector.
Al analizar los nombres, se comprueba que 266 firmantes no estaban inscritos en el padrón electoral utilizado en los comicios en que Jensen fue reelegido; en su mayoría, eran funcionarios administrativos –recepcionistas, secretarias y otros similares–, académicos en condición interina y unos pocos estudiantes.
Solo 218 de los firmantes se encontraban inscritos en dicho padrón. Si se asume que todos esos signatarios votaron por Jensen, resultaría que el campo pagado fue suscrito por apenas el 19,3 % de las 1.131 personas que le dieron su voto unos meses antes.
Modernización. En medio de una fuerte presión del Sindeu para que se separara del cargo, Jensen decidió denunciar la convención colectiva ante el Ministerio de Trabajo, lo cual hizo el 14 de noviembre del 2016, con la justificación de que era necesario modernizarla.
Apoyado por los órganos de comunicación de la UCR, Jensen anunció que la convención que propondría su administración introduciría un conjunto de mejoras para los trabajadores. Después se conoció que esa propuesta también reduciría algunos beneficios y eliminaría la Junta de Relaciones Laborales.
Puesto que la vigencia de la convención terminaba el 2 de marzo del 2017, el Sindeu consiguió que Jensen la prorrogara hasta el 2 de setiembre de este año, con posibilidad de una prórroga más, que luego se fijó hasta el 2 de diciembre pasado.
Regalo. Los dos asuntos más polémicos de la propuesta de Jensen eran sustituir la Junta de Relaciones Laborales por un órgano en el que el Sindeu no tendría representación y reducir el porcentaje de anualidad. Esto último lo hizo el Consejo Universitario en abril pasado, al derogar el acuerdo del 2009 y disminuir la anualidad del 5,5 % al 3 %.
Aunque esto constituyó una importante victoria para Jensen, fue más que contrarrestada porque en agosto pasado la Procuraduría de la Ética Pública se manifestó en contra de lo resuelto por la Oficina Jurídica y por el Consejo Universitario, e indicó que a Jensen sí se le podía abrir un procedimiento disciplinario, si así lo decidía la Asamblea Plebiscitaria.
Para el Sindeu, la resolución de dicha Procuraduría fue un regalo de Navidad adelantado, no solo porque respaldó sus cuestionamientos, sino porque colocó a Jensen en ruta de colisión con el Consejo Universitario, tanto que, al rechazar el rector prorrogar la convención más allá del 2 de diciembre, el propio Consejo se manifestó unánimemente a favor de prorrogarla.
Paso. El pasado 2 de diciembre, la sección de Seguridad y Tránsito de la UCR comunicó a Jensen su intención de ir a huelga si la convención no se prorrogaba. Al día siguiente, se firmó una nueva prórroga hasta el 16 de febrero del 2018.
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Tal acuerdo fue extraordinariamente ventajoso para el Sindeu porque, antes de que se cumpla ese nuevo plazo, ya se va a saber si el Consejo Universitario convocó a la Asamblea Plebiscitaria para que resuelva si al rector se le abre un proceso disciplinario.
Si el Consejo no convoca a la Asamblea, la UCR tendrá que asumir un elevadísimo costo político y cultural; y si la convoca, el rector difícilmente podrá liderar la etapa final de la negociación de la convención.
Además, el plazo acordado da tiempo más que suficiente al Sindeu para prepararse para una huelga que, de ser efectivamente declarada, dejaría poco margen de maniobra a Jensen, en razón de estar tan próximo el inicio de clases.
Por las condiciones en que se ha dado la negociación de la convención, Jensen, en vez de fortalecer su posición, la ha debilitado; en contraste, el Sindeu, que antes de este proceso experimentaba una tendencia al estancamiento (por decir lo menos), podría estar en vías de reforzar y ampliar sus bases de apoyo internas y externas.
En síntesis: hasta ahora el Sindeu parece haber ido siempre un paso adelante, de manera que cuando Jensen apenas va, el Sindeu ya viene.
El autor es historiador.
